Francisco Ledesma / ¿La protección de periodistas o de medios?
No todas las formas de solución, de cualquier problema social, deben encontrarse en el gobierno, mucho menos aquellas ligadas a la libertad de expresión, aun cuando se encuentre a discusión la protección de quienes hacen del periodismo una actividad profesional.
En el Estado de México ha comenzado una discusión con respecto a la necesidad de otorgar garantías a quienes ejercen el periodismo, en un debate que se aborda muy tarde en el tiempo, y con las formas más anquilosadas posibles.
El gobierno como un factor paternalista, que permita generar un fideicomiso de seguridad para quienes sufren agresiones o son víctimas de los riesgos que conlleva la profesión, como una reparación del daño que puede ser perniciosa al momento de aplicarse y convertirse en un mecanismo de control lacerante.
Otros que pretenden plasmar en la Ley, el impulso permanente de la capacitación y la profesionalización. Se pasa por alto que para otras profesiones se requiere de una cédula académica para ejercer sus tareas; la capacitación en todo caso, es un asunto personal, y en su caso de productividad de las empresas.
Imaginemos una fábrica manufacturera o del sector automotriz abriendo mesas de diálogo en la Legislatura estatal en el diseño de un marco legal para obligar al gobierno a capacitar a su personal y elevar la productividad. En pocos meses, otros ramos del sector industrial tendrían la exigencia para ser favorecidos por un gobierno que no tendría capacidad para financiar tantos caprichos.
Algunas voces más, pretenden incidir en factores financieros que abonen a intereses empresariales, y que en nada se relacionan con la labor cotidiana de un reportero dedicado al diarismo: aquel que sale a la calle a buscar la nota cotidiana, y se enfrenta a los riesgos propios de su ejercicio informativo.
La Ley de Protección de Periodistas debe incidir en detectar cuáles son los riesgos a los que se enfrenta un periodista, mediante amenazas coercitivas que pretenden generar censura; así como definir las acciones institucionales, empresariales y personales que deben desarrollarse para prevenir actos de violencia; y protocolos de protección o investigación una vez que el periodista se ha vuelto altamente vulnerable.
El marco jurídico no puede confundirse con los deberes de los medios de comunicación, que en tanto empresas están obligados a otorgar otro tipo de protección a los periodistas: la seguridad social como un aspecto fundamental.
Tampoco debe abonar sobre otras áreas de oportunidad para las empresas periodísticas, como por ejemplo, regular la asignación discrecional del financiamiento público, donde se evalúen activos del medio como situación fiscal, impacto, pass along, audiencias y hasta aspectos éticos e informativos del mismo.
La semana pasada, en la Ciudad de México se desarrolló el Octavo Foro Latinoamericano de Medios Digitales, donde la discusión se concentra en generar medios cada vez más independientes, no sólo del financiamiento público, sino de las temáticas y las narrativas gubernamentales. Se trata de potenciar las herramientas multimedia para generar una mayor empatía con las audiencias y abordar los asuntos del acontecer público que tienen un impacto social.
En todo caso, discutir sobre reglas claras del financiamiento público, incidirían en que los medios también asuman compromisos: por ejemplo, que los medios que no otorguen seguridad social a sus trabajadores no tengan acceso a la propaganda gubernamental de ninguna institución pública, incluidos municipios.
También se planteó la posibilidad de que los medios de comunicación que cumplan con parámetros empresariales e informativos, pudieran ser benefactores de incentivos fiscales, pero a favor de los periodistas que diariamente, o mediante investigaciones profundas ejercen la libertad de expresión, con los riesgos que ello implica frente a poderes formales y fácticos.
La evolución de las plataformas digitales ha logrado la consolidación de medios independientes a través de otras formas de financiamiento como los grants –identificados como organismos civiles interesados en periodismo alternativo- y la propia iniciativa privada que ha encontrado en esos medios oportunidades para anunciarse.
La profesión periodística es de variados riesgos, particularmente en América Latina que transita por crisis regionales, pero el riesgo más pernicioso es la autocomplacencia, la falta de autocrítica, la escasa unidad gremial y la imposibilidad de otear escenarios de oportunidad que rebasen las fronteras del marco legal que se pretende implementar en el Estado de México.
La tenebra
El gobierno está obligado a la protección de la libertad de expresión, en tanto que es un derecho humano que en su ejercicio beneficia a la construcción de opinión pública; pero en esa coyuntura, se debe evitar cualquier tipo de control coercitivo sea institucional o financiero. La línea editorial de los medios no puede estar condicionada a nada ni a nadie.
