Toluca, Edomex. 24 de julio de 2014.- En septiembre próximo, los legisladores federales, senadores y diputados incluidos, cumplen dos años de haber asumido sus funciones parlamentarias. Acostumbrados muchos de ellos a placearse bajo pretexto de sus informes de labores con fines de posicionamiento electoral, bien harían si comunican a sus electores mexiquenses en un acto de plena transparencia cómo y por qué han votado a favor o en contra de reformas tan polémicas como la fiscal y la energética.
Muy pocos de los legisladores han siquiera leído parte de los dictámenes de las reformas constitucionales que hoy dan sentido a la tan discutida reforma energética. Muchos de ellos sólo forman parte de fracciones legislativas que votan en conjunto, reciben la línea política y poco deliberan en la parte personal. Muy lejos están de consultar con sus electores sus intereses para definir el sentido de su actuación en el Congreso de la Unión. La partidocracia en pleno se impone sobre la democracia que pregonan.
¿Cuántos de los senadores y diputados federales mexiquenses han hecho uso de la tribuna para hablar a favor o en contra de las reformas estructurales? Seguramente apenas si pueden contarse con los dedos de las manos. Son un puñado quienes, legítimamente, hacen uso de su voto legislativo. El resto parece sólo ocupar posiciones, acatar decisiones y evitar discusiones. De nada sorprende la carencia de un equilibrio de poderes en pleno siglo XXI.
Parece inservible que tan sólo el Estado de México tenga seis senadores de cuatro distintos partidos políticos cuando no todos tienen una posición política firme en el debate parlamentario. Y más aún, cuando rehúyen a dar un informe y una justificación de su participación legislativa. Lo que debiera imperar no son los discursos de ornato que les marca su línea política sino el sentir de sus electores, razón por y para la cual fueron electos como “representantes”.
Pero no todo es responsabilidad de los políticos. Gran parte de la ciudadanía no asume sus obligaciones. Grandes sectores de la población desconocen quién es su diputado y quiénes sus senadores. No puede aspirarse a una real rendición de cuentas cuando hay de por medio una sociedad apática, omisa y negligente. Es por eso que la premisa doliente, parece ser cierta, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y por lo tanto, las reformas que ellos deciden aprobar.
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