Redacción
Distrito Federal. 27 de agosto de 2014.- El asesinato de 22 civiles, presuntos criminales, ocurrido en el Estado de México el pasado mes de junio, a manos de militares subió de nivel con alcances internacionales. Este martes, la organización Human Rights Watch (HRW) exigió al gobierno de México realizar una investigación «rigurosa, objetiva e independiente» sobre dichos homicidios acontecidos presuntamente en un enfrentamiento entre fuerzas castrenses y grupos delictivos.
De acuerdo al informe de HRW, existen «reportes creíbles», basados en evidencias forenses, que apuntan a que los militares incurrieron en uso excesivo de la fuerza.
“Se necesita una investigación rigurosa, objetiva e independiente, que examine si los soldados actuaron con apego a la ley y que evalúe las evidencias sobre irregularidades de parte del Estado», subrayó José Miguel Vivanco, director de HRW para América.
La información oficial, difundida el pasado 30 de junio a través de la cuenta oficial de twitter de la Secretaría de la Defensa Nacional, civiles armados dispararon contra militares cuando estos ubicaron una bodega en el municipio de Tlatlaya, que colinda con el estado de Guerrero. El operativo militar derivó en una reyerta, “resultando 22 agresores muertos» y un militar herido, difundió la Sedena en dicha ocasión.
Casi de inmediato, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, respaldó a la Sedena, al señalar que el Ejército Mexicano actuó «en su legítima defensa» y «abatió a los delincuentes», sin presentar mayores evidencias de sus argumentaciones.
Para Vivanco, director de HRW para América, «el hecho de que los soldados mataron a los 22 sospechosos y sólo tuvieron un herido levanta preguntas acerca de si el uso de la fuerza fue proporcional», destacó.
Apenas el 11 de julio, la agencia estadounidense AP publicó un reportaje en el que se puso en duda la versión de la Sedena, al señalar que la bodega donde ocurrió el incidente «no tenía muchas evidencias de que el enfrentamiento fuera prolongado».
El reporte periodístico abundó que la mayoría de las hojas colocadas por los investigadores federales para ubicar dónde quedaron los cadáveres estaba cerca de las paredes dentro del edificio, y que había indicios de que los sospechosos fueron ejecutados.
«(Había) uno o dos grupos de agujeros de bala rodeados de una masa de manchas de sangre, lo que daba la impresión de que las personas en el interior estaban de pie frente a la pared y fueron alcanzadas por uno o dos disparos a la altura del pecho», informó AP.
A partir del asesinato de 22 presuntos criminales en el sur del Estado de México se desató de forma más pronunciada la violencia y la presencia de la delincuencia organizada, con una oleada de ejecuciones y secuestros, que obligó a las fuerzas estatales a desarmar a más de una decena de corporaciones de seguridad municipales, y a reforzar la presencia de militares y marinos en municipios como Luvianos, Amatepec, Donato Guerra y Valle de Bravo.
