Redacción
Toluca, Edomex. 2 de julio de 2015.- Los policías ministeriales del Estado de México acusados de torturar testigos presenciales de la matanza de 22 personas en San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado, recuperaron su libertad con el pago de una fianza y esperan a que mañana viernes, un juez de control, defina si los vincula o no a un proceso penal por este delito.
El mismo juez de control, también negó órdenes de aprehensión en contra de tres policías ministeriales más, contra quienes la Procuraduría General de Justicia del Estado de México había ejercitado acción penal.
El juez consideró que el ministerio público de la Fiscalía para Atender los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos no aportó los elementos de prueba suficientes para presumir su responsabilidad en el delito de tortura.
Con estas consignaciones, la Procuraduría mexiquense, encabezada por Alejandro Gómez Sánchez pretendía dar cumplimiento a la recomendación que en octubre pasado emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) quien concluyó que derivado de la matanza de 22 personas a manos del Ejército Mexicano, en Tlatlaya, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría mexiquense habían incurrido en “graves violaciones” a los derechos humanos.
La CNDH concluyó que personal ministerial del Estado de México había abusado y torturado a tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza, para tratar de obtener alguna confesión. Derivado de ello, la Fiscalía para Atender los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos, de la PGJEM, inició una investigación que concluyó hace unos días.
El pasado 29 de junio, el juez de control de Toluca recibió la carpeta 1291/2015, donde la Fiscalía solicitaba se libraran órdenes de aprehensión en contra de siete policías ministeriales, que participaron en las diligencias por la matanza de Tlatlaya del 30 de junio del 2014, a quienes les imputaba el delito de tortura.
El juez consideró que sólo había elementos de prueba para presumir responsabilidad de cuatro de policías, y concedió las órdenes de captura, pero negó las ordenes de aprehensión de otros tres policías.
La Procuraduría mexiquense sólo pudo cumplimentar dos órdenes de aprehensión y presentó a dos efectivos ante juez para que respondieran a la imputación. Para sorpresa de muchos, los otros dos policías con órdenes de captura en su contra se presentaron voluntariamente.
Los abogados de los efectivos solicitaron de inmediato una medida cautelar para que sus clientes fueran puestos en libertad con las reservas de ley.
El juez les concedió esta medida cautelar pues la tortura no es un delito grave, pues en términos de la Ley que Previene y Sanciona la Tortura, esta conducta sólo se sanciona con prisión de tres a doce años.
De tal forma que el juez de control fijó una garantía económica por 33 mil 479 pesos por multas, y 26 mil 520 pesos “por obligaciones procesales” a cada uno de ellos y tras cubrir estos montos, fueron puestos en libertad.
Los ministeriales no pasaron ni cuatro horas retenidos en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
Este viernes el juez determinará si los vincula o no a proceso penal por el delito de tortura. También determinará la suerte de otra policía ministerial a quien se le imputó el delito de abuso de autoridad en agravio de las mismas mujeres que presenciaron la ejecución de jóvenes en Tlatlaya.
