Redacción

Almoloya de Juárez, Edomex, 13 de marzo del 2024.- Después de casi 17 horas de diligencia, el juez de distrito adscrito al centro de justicia federal del penal del Altiplano, Daniel Ramírez Peña, determinó que será este miércoles a partir de las 13:00 horas cuando se reanude la audiencia inicial de la causa penal 372/2023, que se instruye en contra de cuatro exfuncionarios del gobierno mexiquense  y de tres ex directivos y miembros de la Consejo de Administración de la empresa Aleática, antes OHL México, su presunta responsabilidad en los delitos de explotación de un bien público y asociación delictuosa, derivado de la operación y explotación del Viaducto Elevado Bicentenario.

Ayer, durante todo el día y parte de la noche, el juez escuchó la imputación que formuló la Fiscalía General de la República, en contra del el ex secretario General de Gobierno mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez, el ex secretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez; el ex director de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos de la entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y  Jorge Joaquín González Becerril, ex director de la Junta de Caminos de la entidad,  así  Andrés de Oteyza y  Sergio Hidalgo Monroy, ex directivos de OHL México y el actual presidente del consejo directivo de Aleática, Rubén Gerardo López Barrera, así como del amplio equipo de defensores de los acusados.

La FGR fundamenta su acusación en que Aleática opera y explota el Viaducto Elevado Bicentenario, vialidad que corre en un segundo piso sobre el derecho de vía de la autopista México-Querétaro, de jurisdicción federal,  sin contar  con una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, y lo hace bajo una concesión otorgada por el gobierno mexiquense en 2008 que, a su decir, no tenía competencia para ello.

En 2021, el gobierno estatal, a través de estos cuatro funcionarios, firmaron un acuerdo de cooperación con la Secretaría Infraestructura y de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, “para regularizar la posición jurídica y el aprovechamiento de la vía federal sobre el cual está construido el Viaducto Elevado”, sin embargo, la FGR insiste en que no se cuenta con una concesión expedida por la SICT para que se explote esa vía, lo que constituye una violación a la ley de bienes púbicos de la nación.

A lo largo de casi 17 horas de diligencia, tanto el Ministerio Público como la defensa de los acusados vertieron sus alegatos. El Mp solicitó al juez la vinculación a proceso de los imputados, pero los defensores de los exfuncionarios  y directivos de Aléatica expusieron que no existen elementos para ello y solicitaron no solo que no se les vincule a proceso sino que la causa se sobresea para que ya no se pueda revivir la acusación.

El grupo de defensa de los ex directivos y miembros del Consejo de Administración  de Aleática argumentó que esta empresa invirtió varios millones de pesos en la construcción del Viaducto Bicentenario y ahora opera, mantiene, conserva y explota la vía, con una concesión que “legítimamente le extendió el gobierno estatal en 2008, luego de una licitación pública”.

Se explicó que esta concesión es legal, pues la propia SCT entregó al gobierno mexiquense, la conservación, operación y mantenimiento de la carretera México-Querétaro en su tramo Naucalpan-Tepotzotlán desde 1983,  sin embargo, la FGR señala que no existe un documento original sobre ese supuesto acuerdo.

La explotación del Viaducto Elevado ha generado ingresos a Aleática de más de 8 mil millones de pesos,  y una contraprestación de 43 millones de pesos al gobierno del estado, lo que a decir del Mp, ha causado un daño a la federación, pues esos recursos deberían ser aprovechados por el gobierno federal, por ser quien tiene jurisdicción sobre ese derecho de vía.

Los defensores indicaron que no se está explotando la vialidad México-Querétaro, sino una nueva vialidad que se construyó en un segundo piso de ese derecho de vía, y por el cual la empresa invirtió varios millones de pesos y tiene la facultad legal para recuperar su inversión a través del cobro de peaje, amparado en el título de concesión que se expidió a su favor.