Redacción
Toluca, Edomex, 22 de julio del 2015.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación al ayuntamiento de Teotihuacán, luego de haber comprobado una serie de excesos y abusos cometidos por el grupo de elite de la policía de ese municipio, por detenciones arbitrarias.
La recomendación se sustentó en dos quejas de ciudadanos que reclamaron que elementos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la policía municipal, incurrieron en abuso de autoridad y maltratos durante su detención y remisión a las galeras del ayuntamiento.
El primer caso fue de un hombre que fue encarcelado con uso de la fuerza, por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública.
En las galeras, la víctima acusó que fue maltratado por los policías y refirió que nadie le practicó un examen para determinar su grado de embriaguez.
En el otro caso, una mujer se quejó que fue detenida en el interior de su domicilio por este grupo de policías, sin que existiera una orden para ingresar al inmueble. Una de sus vecinas la había acusado de alteración del orden y con esa justificación la detuvieron por la fuerza y la remitieron a las galeras municipales, donde le despojaron de sus ropas y la presentaron ante el juez calificador.
La Comisión consideró que su detención fue injustificada y el trato que se les dio a los dos detenidos en las galeras vulneró los principios de seguridad jurídica y legalidad.
“La Codhem determinó que en ambos casos, los detenidos podían ser controlados sin necesidad de aplicar fuerza excesiva, pues su conducta no implicaba un riesgo real, contrario a lo que ocurrió en los hechos, pues la detención la ejecutaron al menos seis policías municipales. De igual forma hubo omisión por parte del oficial calificador, pues se demostró que los detenidos fueron ingresados directamente a las galeras municipales sin que su falta fuera calificada”, señaló la Codhem en un comunicado.
El organismo instruyó iniciar el procedimiento administrativo respectivo, para investigar y sancionar la conducta desplegada los policías y el juez calificador.
También pidió al Ayuntamiento que se delimite con precisión las funciones de la URI, para lo cual deberá modificarse el Manual de Organización de la Dirección de Seguridad Pública del municipio; además, se debe instruir tanto al personal de la oficialía calificadora, como a los policías, que se abstengan de ordenar el ingreso a un área de confinamiento a las personas que sean aseguradas mientras no se cumpla con los requisitos que señala la ley.
Adicionalmente se debe distribuir el Código de Conducta, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; así como implementar cursos de capacitación y actualización en derechos humanos, para que adopten como regla invariable de conducta, el elemental respeto a la dignidad humana de las personas que son privadas de su libertad por alguna infracción.
