Redacción
Toluca, Edomex 11 de marzo de 2020. – Las comisiones unidas de Gobernación y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso mexiquense aprobaron, este miércoles, un dictamen para reformar la Constitución del Estado de México con el fin de modificar el nombre del órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) por el de Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de México.
Las reformas aprobadas también permitirán que los ciudadanos puedan presentar quejas y denuncias a este órgano sobre un presunto mal uso de los recursos públicos tanto el municipios como en los poderes del estado, y la posibilidad de solicitar auditorías a entes públicos.
Las modificaciones legales aprobadas en comisiones, todavía deben ser avaladas por el pleno legislativo y posteriormente por la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses para poder ser promulgadas y que entren en vigor.
Se espera que el dictamen suba al pleno este jueves, donde, de no haber algo extraordinario será avalado por unanimidad.
Las reformas fueron propuestas por el diputado de Morena, Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, con el fin de modernizar la instancia encargada de supervisar y vigilar el correcto uso de los recursos de cualquier ente público en la entidad,
De aprobarse en el pleno la creación de la Auditoria Superior de Fiscalización del Edomex (ASFEM) este órgano estará dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.
El titular de la ASFEM duraría ocho años y podría ser nombrado nuevamente por una sola vez, con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura.
Derivado de sus auditorías, la ASFEM podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la imposición de sanciones que correspondan a las y los servidores públicos estatales, municipales y a los particulares.
El dictamen considera que una vez aprobado y publicada la reforma en la Gaceta de Gobierno, se establecería un plazo de 180 días hábiles para que se modifiquen todas las leyes y ordenamientos de igual o menor jerarquía.
