Redacción
Toluca, Edomex. 5 de abril del 2016.- Organizaciones sociales que han sufrido en carne propia la represión y el abuso policiaco, acudieron hoy al Congreso del estado de México a manifestar su rechazo a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, pues consideraron que esta norma vulnera algunos derechos constitucionales.
En las puertas del Palacio Legislativo anunciaron que inician una lucha social jurídica para echar abajo la también llamada Ley Atenco, que ellos han rebautizado como Ley Eruviel, pues pretende que sea el Ejecutivo del estado, quien cargue con la responsabilidad de promulgar una ley contraria a las garantías individuales.
Con machete en mano, más de 50 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, se unieron a los miembros del Frente por la Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, de San Francisco Xochicuautla, maestros agremiados a la CNTE, normalistas de Tenería, colectivos indígenas y grupos vecinales de varios del estado de México, quienes simbólicamente clausuraron los accesos al recinto Legislativo.
Ahí, las organizaciones sociales invitaron a organismos internacionales como la oficina del alto comisionado de la ONU o la Comisión Interamericana de los Derehcos Humanos para que visiten la entidad mexiquense y constanten la situación que prevalece en materia de derechos humanos todo el estado.
Se quejaron de la persecución que ha habido en su contra por oponerse a proyectos y obras que afectan a sus comunidades o representan un despojo de sus propiedades y recalcaron que no sorprende que el gobernador Eruviel Ávila haya sido el autor de una ley tan represiva como anticonstitucional.
Este colectivo de organizaciones, acordaron iniciar una serie de movilizaciones dentro del territorio estatal en contra de la Ley y adelantaron que la próxima semana pedirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que promueva una acción de anticonstitucionalidad de la Ley Eruviel ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El abogado Antonio Lara, representante legal de estas organizaciones adelantó que se promoverán amparos en juzgados federales para pedir la protección de la justicia para dirigentes de movimientos sociales del estado de México y de las propias organizaciones, pues “vemos que la estrategia es criminalizar toda protesta social”.
Durante el mitin frente a Palacio Legislativo, uno de los participantes señaló que antes “la represión era un delito y la protesta era un derecho constitucional, pero ahora Eruviel Ávila quiere cambiar la ecuación con esta ley para que la represión sea legal y la protesta un delito”.
