Juan Carlos Núñez Armas*
Dando continuidad al tema de la semana pasada, y tratando de responder algunas de las preguntas que hice sobre cómo evaluar a nuestros ayuntamientos en su desempeño, un parámetro bien definido en nuestro marco jurídico es la evaluación de la mejora regulatoria.
En días pasados, a propuesta del diputado Nazario Gutiérrez, las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados acordaron dar marcha atrás al Dictamen Único de Factibilidad (DUF). Según apuntan: “El DUF es un trámite que se duplica con la licencia de funcionamiento municipal y vuelve engorrosos los procesos de apertura y regularización de unidades económicas” y según los empresarios de Coparmex “es un proceso tortuoso que frena las inversiones y propicia la corrupción”.
Éste no es el único trámite que los ciudadanos tenemos que presentar ante diversas autoridades. Continuamente los servidores públicos en turno exigen requisitos que sólo Dios y ellos saben cuál es la finalidad de pedirlos, incluso facilitan la exigencia de recursos económicos sin estar establecidos en ninguna ley. El ejemplo que me brinda la experiencia personal, le cuento lector/a, es que a quienes somos dueños de vehículo nos piden una “ayuda” para pasar la verificación, “tarifa” que actualmente está en 100 pesos. El riesgo de no entregar esa “cuota” es que, si no entregas el dinero, seguramente tu vehículo “no pasará” y no podrá circular por no cumplir con la norma de contaminantes o por documentación faltante. No existe autoridad que sancione estas prácticas y los ciudadanos, por ahorrarnos trámites extra, nos vemos obligados a cooperar con la exigencia de “ayuda”. La esperanza, claro es que, más temprano que tarde, los ciudadanos se cobren en las urnas estas flagrantes invitaciones a la corrupción.
Regresando a nuestro tema, entendamos el concepto de mejora regulatoria. La norma la define como “…la política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados…para el óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto”.
Nuestro país según el Doing Business (“Haciendo negocios”dependencia del Banco Mundial) que mide la facilidad que otorgan los países para abrir un negocio, en promedio ubica a México en el lugar 61 de 193 economías registradas. En los datos desagregados que maneja este índice, México tiene un desempeño a todas luces malo: en la apertura de un negocio nuestro país ocupa el lugar 107, en permisos de construcción el lugar 93, obtención de electricidad 106, registro de propiedades 105, pago impuestos 120, muy por debajo de países de la región como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Costa Rica. No damos facilidades para la inversión de capitales que apoye la reactivación de la economía mexicana o, dicho en palabras optimistas, como suelen decir los administradores públicos: nuestro país tiene grandes áreas de oportunidad.
En ese mismo orden de ideas el Inegi en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada en mayo de 2020, señala que el 32.4% de la población mayor de 18 años tuvo interacción con el gobierno para hacer algún trámite y el 18.8% llenó y envió algún formato para iniciar, continuar o concluir algún trámite, de este total el 48.1% presentó algún tipo de problema para realizarlo, básicamente por barreras en el trámite, asimetrías de información y problemas con las herramientas tecnológicas.
Estos problemas son muy conocidos para el común de los ciudadanos. Daniel Bautista Contreras, director general de Ereform Consulting SC y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, establece que tienen su raíz en las dificultades de la mala regulación en trámites y servicios, en la complejidad y exceso de traslados, datos, documentos y trámites que tiene que realizar el usuario, la baja disponibilidad de trámites que puede hacer en línea, los altos costos de cumplimiento que imponen barreras de entrada y que limitan la creación y crecimiento de empresas e incentivan la informalidad y, lo peor, afecta a los grupos más vulnerables de la población.
Por su parte, el gobierno realiza un exceso de revisiones, inspecciones y firmas, mantiene una inercia de hacer las cosas porque siempre se han hecho así, sin detenerse a replantear cómo pueden ser más expeditos los trámites. Las instituciones públicas tienen poca coordinación y colaboración, hacia su interior y con sus pares, y tienen poca confianza en los particulares. Esta mala calidad regulatoria afecta la toma de decisiones e incrementa la discrecionalidad gubernamental, lo que trae como consecuencia exceso de instalaciones, archivos y personal y, por la situación económica, se ve inmerso en un contexto de disminución de presupuestos y exigencias de mejores servicios.
En términos generales, si se quiere reactivar la economía, apoyar la inversión en estados y municipios, apoyar a las empresas para que generen empleos y, en la coyuntura actual, si queremos que municipios y estados sean mejor en su manera enfrentar la pandemia, facilitar la vida a los ciudadanos es el camino correcto. Por supuesto, se requiere que los titulares de las administraciones municipales y estatales asuman el liderazgo político, condición sine quan non para implementar una desregulación de trámites y servicios, así como desarrollar soluciones innovadoras. En este aspecto, los gobiernos requieren realizar pruebas, encuestas de satisfacción de los usuarios y otros ejercicios que les permitan conocer cómo son percibidos, justamente, por esos usuarios.
Todo lo anterior, tiene como consecuencia enriquecer la política pública, reducir la resistencia al cambio, mejorar la percepción en los gobiernos, legitimar la función política e impulsar la transparencia y rendición de cuentas. Podemos afirmar que la mejora regulatoria es un parámetro para evaluar el desempeño de tu municipio, de la confianza que los ciudadanos le brindan a sus autoridades. Los gobiernos deben, obligadamente, para mejorar la confianza, impulsar la consulta a los ciudadanos, fortalecer la comunicación, coordinarse y cooperar mejor entre las diversas dependencias.
A manera de conclusión, podemos decir que el surgimiento del COVID hizo evidente la necesidad de avanzar más rápido en la mejora regulatoria y la digitalización de trámites; que los municipios y los estados más competitivos son aquellos que tienen un entorno mejor para los negocios; que un entorno económico desfavorable requiere mejoras urgentes en el marco jurídico, que hoy más que nunca es la oportunidad para incrementar el apoyo intra e interinstitucional en el gobierno y agencias especializadas y desde luego apoyo de expertos privados para facilitar los trámites para obtener bienes y servicios que ofrece el sector público.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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