Por: Violeta Huerta
En unos días inician las campañas electorales para la elección a gobernador del estado de México, pero también la veda electoral; y con ella, tentaciones y riesgos de que algunos sujetos obligados: poderes, dependencias, municipios, sindicatos y hasta partidos políticos decidan bloquear o deshabilitar sus portales de transparencia.
De por sí a los gobiernos y políticos no les gusta el tema de la transparencia, hacen hasta lo imposible por ocultar información, por no exhibir todos sus gastos, acciones, ni adquisiciones. Una buena cantidad oculta sus salarios: hace unos días Plana Mayor documentó que 52 de los 125 municipios esconden sus sueldos y percepciones.
Los sujetos obligados viven felices en la opacidad; así que cualquier pretexto es bueno para esconder información y la famosa veda electoral es un gran argumento para bajar información: ya ha ocurrido, algunos municipios en pasados procesos electorales publicaban una leyenda donde señalaban que por mandato legal debían deshabilitar sus portales.
El argumento es que no podían difundir logros de gobierno, como si los salarios y las compras lo fueran. Los ediles “creativos” encontraron una salida para ocultar los datos que en realidad nunca quisieron subir.
La ley es muy clara: los sujetos obligados deben abstenerse de difundir logros de gobierno, o referencias visuales, o auditivas a frases, imágenes, voces, o símbolos que pudieran ser propaganda política, electoral o personalizada; sin embargo, los ediles le buscaron una salida que les permitiera esconder información y decidieron no arriesgarse y bajar o bloquear páginas.
Antes esa experiencia, los comisionados de transparencia decidieron emitir un acuerdo para dejar claro que la veda electoral no significa «bajo ningún supuesto» que dejen de cumplir con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, pues la ley obliga a tener accesible la información en los portales de transparencia y sanciona a quienes no lo hagan.
Dar a conocer salarios, gastos, reuniones, acuerdos, directorios, adquisiciones, entre otros no implica resaltar ningún logro del gobierno, ni tiene como fin incidir en la contienda electoral, ni influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.
La resistencia a publicar la información pública de oficio, es decir, aquella que de forma obligatoria debe darse a conocer, sin necesidad de que se hagan solicitudes previas, no es por la veda electoral; sino porque a los gobiernos no les gusta la transparencia, justamente porque aún hay abusos y excesos, sobre todo en los municipios.
Justo antes de aprobar los presupuestos de este año, el propio contralor, Victorino Barrios denunció que en varios municipios había alertas de que algunos alcaldes trataban de subirse los salarios. En las anteriores administraciones hubo quienes buscaron darse “bonos de marcha”; otros intentaron apoderarse de los vehículos oficiales.
En estos momentos hay 52 municipios donde se ocultan las percepciones porque o no aparece el rubro en la plataforma Ipomex, o está vacío ese apartado, o incluso, escondido; aun cuando la recomendación a todos es que la liga de transparencia sea colocada en la parte superior de los portales de transparencia.
En la Legislatura local por ejemplo, anteriormente se daban a conocer más rubros, pues se publicaban gastos de oficinas, de teléfonos y otros, pero como esos conceptos no se incluyen en la plataforma Ipomex, lo poco que el congreso local publicaba de más fue eliminado; así que ni siquiera se da conocer la totalidad de apoyos que reciben, y que los legisladores aceptan que les dan, por encabezar la mesa directiva, por ejemplo; mientras otros congresos sí los exhiben.
Los portales de transparencia de las dependencias estatales también son muy limitativas y deficientes: hay información atrasada, a veces incompleta y en algunas áreas tampoco es sencillo encontrar los datos.
Hace un año se aprobó y publicó una nueva Ley de Transparencia en la entidad, pero se dieron seis meses para su aplicación, y en noviembre, a punto de que se hicieran realidad las sanciones, el INAI decidió ampliar el plazo .para todo el país- a seis meses más, a fin de que todos los sujetos obligados tuvieran tiempo de atender las disposiciones, de sumarse a la plataforma nacional; aunque en el estado de México ya existía una estatal y el inicio no podía ser de ceros.
El plazo en la entidad justamente vencerá en los primeros días de mayo: en plena veda electoral y en campañas; pero esos temas podrían ser tomados como pretextos, de nueva cuenta, para no cumplir con lo que la ley ordena.
¿Qué señala la nueva Ley de Transparencia? Establece medidas de apremio, es decir, multas, que irían de los 11 mil pesos, la mínima; hasta los 110 mil pesos, la máxima. Antes eran de solo mil 500 pesos.
En un nuevo intento porque se hagan efectivas, el Infoem ha firmado un convenio con la Secretaría de Finanzas estatal para que sea ella la encargada de hacer efectivos los cobros que deben ser pagados del bolsillo de los servidores públicos, no del erario público.
La ley ya está, hay un órgano que debe garantizar el cumplimiento, pero falta hacer efectivo el derecho de acceso a la información, que además, es un derecho humano; así como la protección de los datos personales. La bolita está en la cancha de los ciudadanos: tenemos que ser vigilantes, combatir y evitar la opacidad, y la impunidad.
La mejor forma es denunciar y poner a trabajar a las autoridades: exigirles que cumplan con su trabajo. Primero a los sujetos obligados para que se transparenten, y en segundo lugar al propio Infoem para que haga valer la ley.
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La guerra sucia, sobre todo en redes sociales está al máximo. Se han credo portales de supuestos nuevos medios de comunicación que son utilizados para difundir información falsa y difamatoria, principalmente en contra de la candidata electa de Morena, Delfina Gómez.
La red tiene mucha libertad, pero es responsabilidad de todos cuidar lo que leemos y compartimos; no se pueden dar por ciertas noticias creadas para destruir.
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La propuesta del Ejecutivo para que los notarios conozcan de asuntos de divorcios podría ayudar a agilizarlos y a bajar la carga de trabajo en el Poder Judicial mexiquense, pero también abonar a que los notarios, tan criticados por sus altos cobros, engorden, aún más, sus billeteras.
