El transporte público en el Estado de México se ha puesto de nueva cuenta en el ojo del huracán a consecuencia del fatal accidente que provocó que a la joven universitaria Diana Segura le fuera amputada una pierna, a partir de la negligencia con que este servicio concesionado opera con la complacencia de las autoridades estatales.
En medio de la coyuntura política y la indignación social, el gobernador Eruviel Ávila ha salido al paso de las críticas para anunciar medidas ejemplares que nunca llegan, o bien para agravar las penas una vez que la desgracia ha tomado matices irreversibles de un servicio que ha mostrado una y otra vez incumplimiento con las exigencias de los usuarios.
El Gobierno del Estado de México, fiel a su estilo ha sido reactivo y no proactivo, y desde el ámbito discursivo ha tratado de dispensar su omisión, mediante un precipitado control de daños por salvar su imagen frente a una vorágine universitaria que inundó las redes sociales para exigir un castigo a los responsables del accidente.
Son muchos los malestares que existen en torno al transporte público del Estado de México con problemas que se han acumulado sin atender con determinación. Suman años y años en que el transporte público ha actuado de forma desafiante y ha doblegado a la clase gobernante, y aún más, sistemáticamente han operado al margen de la ley e incluso fuera de ésta.
El gobierno ha cedido siempre a las presiones de transportistas para, entre otras cosas, aumentar la tarifa del pasaje a cambio de buenas intenciones con promesas atemporales sobre una mejora del servicio que otorgan. En contraste, se ha hecho nulo caso de las exigencias de los usuarios frente a las carencias o anormalidades en que opera la mayoría de los transportistas en la entidad.
Desde conductores que son menores de edad, el incumplimiento a las normas viales, unidades en mal estado, la invasión de derroteros y rutas y una lacerante impunidad frente a hechos trágicos, que incluso han cobrado la vida de peatones, dibujan parte del escenario que representa el transporte público concesionado.
El gobierno del Estado de México ha sido complaciente, omiso y cómplice ante la actitud siempre clientelar entre los concesionarios del transporte público por hacer favores electorales a la clase gobernante, en una serie de componendas por mantener vigentes y a salvo sus canonjías con el poder público.
También es cierto que el diseño urbanístico de las grandes ciudades que conforman la entidad mexiquense apuesta al uso del transporte particular mediante la construcción de puentes, pasos a desnivel, segundos pisos y tramos carreteros, dejando en segundo término a un servicio público más eficiente, rápido, económico y viable.
La tragedia ocurrida la semana pasada que ha conmocionado a la comunidad universitaria no debiera ser sólo una anécdota más de las calamidades del transporte público sino que obliga a convertirse en un clivaje para quienes toman las decisiones por desarrollar y ejecutar un proyecto de transporte público acorde a la complejidad del Estado de México.
El transporte público debe dejar de ser visto como el negocio de unos cuantos o el clientelismo electoral de otros pocos sino como una concesión del estado a particulares para prestar un servicio sustentable, de calidad y alta eficiencia sin espacios para la impunidad y la negligencia. Lo demás sólo será simple demagogia.
