El asesinato de la niña Valeria ocurrido hace una semana en Nezahualcóyotl pone de manifiesto dos realidades del fracaso institucional y de la ruptura del tejido social que enfrenta el Estado de México: por un lado, da muestra inconmensurable del desastre en que se ha convertido la entidad azolada por la violencia de género; y por otra parte, la anarquía con la que opera el transporte público, convertido en un escenario de cruenta criminalidad, ante la indolencia, la omisión, el silencio y la negligencia de las autoridades.
Los responsables de prevenir y combatir al crimen; así como aquellos encargados de procurar y administrar justicia no atan ni desatan, en una estrategia que no encuentra las condiciones para afrontar un problema que ha alcanzado una dimensión internacional, y que sólo se ocupa por disipar o contener los costos políticos, sin atender de fondo la evasión de la justicia.
Hasta ahora las cifras delictivas, las estadísticas feminicidas y las historias de vida de las víctimas de la violencia confrontan una realidad que pretende difuminarse a partir de discursos oficialistas, políticas públicas que carecen de evaluación y resultados, y un gasto público que no encuentra respuestas.
Las instituciones que tanto defienden la clase gobernante para legitimar su ejercicio del poder y sus triunfos electorales, han perdido la capacidad de asombro y de respuesta ante la violencia de género; en un contexto que consolida además un sistema de transporte colectivo de profundas irregularidades en sus concesiones y derroteros, entre los operadores del servicio y nulas supervisiones que posibilitan que impere ahí la delincuencia.
De poco o nada ha servido la alerta de género, la tipificación del feminicidio en el código penal, la creación de fiscalías o ministerios públicos especializados, las acciones por regularizar el transporte de pasajeros y combatir la delincuencia en las unidades colectivas, la impericia de autoridades penitenciarias para salvaguardar el orden de las cárceles, y otras tantas buenas intenciones del entramado gubernamental, mientras la violencia prevalece en agravio de mujeres, sin importar su edad, su condición económica o su rol social.
El Estado de México se reivindica como una de las entidades del país más riesgosas para las mujeres; con la coexistencia de un sistema de transporte público de alto costo, baja calidad y elevada delincuencia en su operatividad cotidiana, con amplia condescendencia por ser parte del esquema clientelar de la clase gobernante; además de un sistema penitenciario abrumado por su hacinamiento, su corrupción y su ingobernabilidad.
Ésta es la grandeza que presume una administración estatal que estuvo más ocupada en los últimos meses por garantizar la permanencia de la misma clase gobernante, que en revertir las tendencias negativas, mejorar las cifras de sus resultados y asumir responsabilidades de sus tribulaciones.
En resumen, el fracaso abarca a todos los ámbitos de gobierno y a los tres poderes del estado. La descomposición social, la incidencia criminal que lacera a las mujeres, la incapacidad para proteger su integridad, la permisividad hacia los concesionarios y choferes del transporte público, la insolencia ante la caótica situación que prevalece en las cárceles estatales, hoy tienen un corolario insostenible que se resuelve en un homicidio que lástima a toda la sociedad pero que deberá quedar en la impunidad por responsabilidad de un estado fallido.
