Tres de los últimos cuatro presidentes de México han saltado del poder político que otorgan las gubernaturas de los estados a la casa presidencial; quizá por eso desde ahora, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador pretenda acotar el amplio margen de maniobra del que gozan los gobernadores para generar una concentración de poder desde el centralismo del Ejecutivo.
Conforme el régimen presidencialista del priísmo del siglo XX agonizaba, los gobernadores protagonizaron una suerte de “virreinatos” en el poder público de sus estados y un alto posicionamiento personal de sus aspiraciones políticas, que nos llevaron a tres alternancias electorales en los últimos 20 años.
Desde Guanajuato el arrojo de Vicente Fox; en el Estado de México la popularidad de Enrique Peña Nieto, y más recientemente, en el extinto Distrito Federal, la encumbrada campaña de López Obrador, demostraron que desde el poder regional se consolidaron proyectos nacionales. Ese poder público repartido en el ejercicio político de los estados, mermó el margen de maniobra del Ejecutivo Federal para incidir en la sucesión de su encargo, y otorgó condiciones inmejorables en las ambiciones políticas de los mandatarios estatales.
Aún más, el poder ejercido por gobernadores configuró “virreinatos”, en tanto que fueron capaces de sostener amplia discrecionalidad en el manejo de recursos públicos, absoluto control entre los poderes públicos -desde el Legislativo hasta el Judicial-, facultades metalegales para incidir en la vida interna de sus partidos a nivel local, e incluso, amplio margen de maniobra para ejecutar decisiones entre los partidos de oposición. Un presidencialismo trasladado a los estados.
Uno de los casos más emblemáticos fue el mexiquense Arturo Montiel, capaz de dividir a la oposición panista en la Legislatura Estatal; ejerció un control político incluso entre el priísmo de otros estados desde el PRI mexiquense; logró incidir en la sucesión de los dos sexenios posteriores a su mandato con las candidaturas de Enrique Peña y Eruviel Ávila, y en el colmo, fue capaz de hasta modificar marcos legales para lograr casarse con la francesa Maude Versini.
Frente a este escenario de cacicazgos regionales, la semana pasada, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anticipó la desaparición de las delegaciones de las secretarías federales, para dar paso a 32 coordinaciones generales en igual número de estados, que tendrían bajo su responsabilidad la ejecución de programas sociales, la inversión pública, el manejo de presupuestos financieros y una amplia responsabilidad política a lo largo y ancho del país.
La encomienda anticipa mermar el control político de los gobernadores, y reemplazar a esos “virreyes” por una especie de “vicegobernadores” que obedecerán a las órdenes de un régimen presidencialista que pretende reinstaurarse desde el poder central. Más allá de la concentración del poder político, presupuestal y clientelar que deberá ejercer López Obrador, se advierte que también busca controlar desde ahora escenarios de sucesión presidencial.
Lo cierto es que, entre los gobernadores de oposición, enfrentará resistencias para mantener sus privilegios, sus márgenes de control en la toma de decisiones, y sobre todo, defender sus propias aspiraciones de fin de sexenio.
La concentración de poder en cualquier de sus acepciones ha mostrado su capacidad para descomponerlo todo. El poder público no puede ser una herramienta de control absoluto, que requiere de sus frenos y contrapesos, para lo cual se requiere de un Poder Legislativo y Judicial que genere equilibrios frente a la toma de decisiones del Ejecutivo.
En paralelo, el poder público que ejerzan los gobernadores de los estados debe contribuir a un ejercicio político que favorezca a la democracia, y no a las ambiciones personales del presidente de México, o de los propios mandatarios estatales, por lo que resulta deseable acabar con cualquier intento absolutista y autoritario, sin que ningún ámbito de gobierno se imponga por discreción.
