Cuando se desarrollan las campañas electorales, el Día del Maestro debería trascender en la imperiosa necesidad por impulsar una mejora educativa y no sólo como un artilugio discursivo para integrar una agenda ambiciosa que sea incluyente con los estudiantes del Estado de México. Sin embargo, hace décadas las políticas públicas educativas se han delegado al Gobierno Federal, mientras que los gobiernos locales sólo se han erigido en meros administradores de las componendas con líderes sindicales que responden a intereses sectarios.
Actualmente, los maestros se han erigido en artífices de una mera clientela electoral, quienes son el núcleo de estructuras partidistas por conseguir espacios de poder y ser parte de las estratagemas electorales. La permanencia del determinados grupos políticos en el poder o eventuales alternancias partidistas simbolizan su capacidad para ascender en la pirámide del poder político.
El candidato priísta Alfredo del Mazo, por ejemplo, concita el respaldo del partido Nueva Alianza, conformado mayoritariamente por profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; así como el arropo del propio magisterio estatal integrado por casi 80 mil docentes, de donde han emergido actores políticos priístas como los alcaldes de Toluca y Tenancingo, Fernando Zamora y Roberto Sánchez, quienes han privilegiado su ascendencia política por encima de su responsabilidad gremial, institucional o educativa.
En días recientes, trascendió que el exlíder nacional del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán había convocado -por instrucciones de Elba Esther Gordillo- a respaldar la candidatura de Delfina Gómez a la gubernatura mexiquense, como una venganza política por su encarcelamiento hace cuatro años, acusada de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. De confirmarse esa posibilidad, Gordillo habría logrado un acomodo con un gran sector del magisterio para apoyar al lopezobradorismo en un afán por derrotar al priísmo más acendrado en la tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto.
En esencia, en ambos casos se trata de considerar al magisterio en una especie de voto corporativo, capaz de renunciar a su propia conciencia individual y colectiva para trasladar los votos de un gremio a favor de una causa política, o en un eventual voto de castigo para favorecer a una oposición ideológica.
En el centro del debate, los candidatos a la gubernatura del Estado de México han manifestado la necesidad de impulsar la mejora educativa, como una causa común de cada campaña electoral, pero que se ha dejado como una encomienda pendiente de cada sexenio. Quizá porque la cartera del gabinete sólo ha servido como impulso para la carrera política de quienes han sido secretarios de Educación: Alberto Curi como diputado federal; Raymundo Martínez como diputado local; y más recientemente la fallida aspiración de Ana Lilia Herrera a la candidatura priísta por la gubernatura mexiquense.
Y en esa circunstancia, los maestros no asumen protagonismo para trascender en sus tareas cotidianas frente al aula, sino que buscan transitar por sus intereses electorales acompañados de su ascendencia al interior de su gremio, y de las negociaciones de su sindicato para obtener cargos políticos.
La educación parece una herramienta clientelar por ganar votos, pero que ha abandonado su tarea fundamental: la formación de las futuras generaciones por imponer en su agenda el triunfo corporativo de las más próximas elecciones.
