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Los Partidos políticos han entrado en una encrucijada como resultado de la equidad de género impulsada en la reforma electoral reciente, y que exige que las candidaturas a cargos de elección sean la mitad para mujeres.

En la ley electoral del Estado de México, priva la ambigüedad, y por ello, los partidos políticos esperan un fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que les aclare el panorama y les dé certeza en su actuar.

En el escenario surge la amenaza de una sentencia adversa que les obligue a reemplazar decenas y decenas de candidaturas ante la eventualidad de incumplir ordenamientos jurídicos diseñados y aprobados por ellos mismos.

En esencia, para ser claros, resulta absurdo contar con una ley electoral que obligue a los partidos a implementar mecanismos de equidad de género, que ahora parece -paradójicamente- discriminatoria de los hombres, y particularmente de aquellos que ya tenían la candidatura en la bolsa, y están en riesgo de perderla por una reforma simplista, cortoplacista.

Hasta la fecha, se discute el cumplimiento de la ley electoral por dos vías: la equidad horizontal o vertical. La paridad de forma horizontal implicaría que la mitad de las candidaturas a presidencias municipales -un aproximado de 62- correspondan a mujeres y el resto para hombres; mientras que la paridad vertical apelaría a que las planillas postuladas para la integración de Ayuntamientos se realicen con equidad de género, intercalando posiciones en las mismas.

Las dirigencias de los partidos políticos sin distingos y fuera de ataduras ideológicas, reconocen que las estructuras y la militancia de sus institutos, no están en posibilidad de cumplir con una equidad horizontal por lo que la proporción de candidaturas que se alistan a iniciar campañas, advierte un 80 por ciento para hombres y el resto para mujeres. La equidad vertical, no obstante, se ha cumplido a satisfacción.

Lo cierto es que hasta ahora, las condiciones de equidad de género en la ley electoral -ya sea horizontal o vertical-, es un elemento ausente de especificidad en la redacción jurídica y sujeto a interpretación; mientras que la posible sustitución de candidatos implica un reto abrumador por revertir los procesos internos de los partidos, con todo y que son, en su mayoría elecciones apegadas a la simulación.

La incertidumbre actual evidencia la hechura de una ley poco clara y sin un análisis previo a su eventual ejecución.

A la fecha, tribunales electorales en al menos seis entidades se han pronunciado por la equidad de género horizontal: Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Baja California. Sin embargo, en Nuevo León la Comisión Estatal Electoral se ha mostrado en contra de acatar esa resolución, pues los registros de los candidatos han sido aprobados y llevan una semana en campañas. Un remplazo implicaría una confusión para la ciudadanía y una afrenta a los candidatos ya inscritos, argumentan.

En el Estado de México se espera que la resolución sobre la equidad de género se conozca antes del registro de candidatos previsto para la última semana de abril. Hoy, los partidos políticos están entrampados ante un remplazo inusitado, en agravio de precandidatos que ya han adquirido derechos -porque ya fueron electos en procesos internos-, y de sus militantes –en el mismo supuesto- ya los eligieron, mientras que mucho de la imagen y campaña de los elegidos se encuentra impresa y lista para el arranque del proselitismo local. La pérdida no sólo es política sino además económica.

Los partidos políticos apostaron a que un acuerdo cupular sería suficiente para interpretar la ley a su antojo y comodidad, pero lo que ahora enfrentan es resultado de la improvisación y la tergiversación con la que están acostumbrados a actuar.

La equidad de género ha resultado un nuevo fracaso de la incipiente democracia mexicana, pues no se ha respetado a favor de las mujeres y está a punto de colapsar los derechos políticos de los hombres.

De nueva cuenta, se ha impulsado una legislación populista sin medir su impacto social, político y electoral, que pasada la elección deberá corregirse para evitar la suspicacia, la omisión y su incumplimiento. Una vez más se dieron pasos hacia delante que han significado un retroceso.

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