En las últimas semanas, el Gobierno del Estado de México ha anunciado una serie de cambios en los mandos medios del gabinete de Eruviel Ávila, que incluye a subsecretarios y directores generales, particularmente de las Secretarías General de Gobierno y de Educación, pero cuyas modificaciones corresponden más a un pago de componendas políticas que al perfil profesional de quienes han resultado asignados a un nuevo encargo en la estructura gubernamental.
En su mayoría, se trata de exdiputados o exalcaldes que dejaron sus encargos, y que el gobierno mexiquense ha pretendido premiar o rescatar del desempleo, por encima de sus capacidades, de sus gestiones legislativas o su desempeño gubernamental, y sin menoscabo del perfil para el que han sido designados como parte de sus nuevas encomiendas en la nueva administración estatal.
Ahí están los casos de los exdiputados federal y local, Gerardo Hernández Tapia y Juan Millán Márquez, que se convirtieron en subsecretarios. Sus nuevos encargos simulan más un acomodo político en la administración estatal.
Hernández Tapia fue nombrado titular de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal. Ha sido exalcalde de Coatepec Harinas, pero más de esa escasa experiencia no tiene otro antecedente de conocimiento en el ámbito municipal.
En el caso de Juan Millán, designado subsecretario de Educación Básica y Normal, adolece por su nula experiencia en el ámbito que hoy tiene bajo su mando. Su único respaldo es su cercanía con el exalcalde de Huixquilucan Alfredo del Mazo Maza. Esa designación está alejada de su perfil profesional, de sus capacidades o de sus habilidades hasta ahora acreditadas.
Otros casos son Pedro Rodríguez, el panista exalcalde de Atizapán de Zaragoza; Olga Hernández Martínez, exalcaldesa de Zinacantepec; y Víctor Manuel Aguilar Talavera, exalcalde de Tenango del Valle, quienes fueron incorporados a nivel de directores generales para desempeñar diversas tareas de gobierno.
Pedro Rodríguez fue designado director general de políticas públicas municipales, su antecedente inmediato es haber sido alcalde de Atizapán de Zaragoza, sin embargo, su inclusión en el gabinete eruvielista se interpreta como un guiño del priísmo mexiquense a ciertos sectores del panismo local.
En el caso de Olga Hernández, aun cuando tiene como formación ser profesora de enseñanza inglés, su nombramiento como directora general de educación básica, también se contempla parte de esas componendas políticas. Su esposo, Marco Antonio Esquivel Martínez, es Contador General Gubernamental de gobierno mexiquense; en tanto, su hija Olga Esquivel, actualmente es diputada federal por el municipio que gobernó hasta diciembre pasado.
La lista la completa Víctor Manuel Aguilar Talavera, exalcalde de Tenango del Valle, designado como director general de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Arquitecto de formación académica, en su más reciente encargo tuvo una corporación de 82 policías, pero ahora, sin el perfil necesario, se hará cargo de las políticas públicas del secretariado de seguridad pública que involucran a las policías estatal y municipales, es decir, poco más de 20 mil elementos policíacos.
En general, para el Gobierno del Estado de México la designación de nuevos funcionarios se reduce a una mera colocación de empleos para quienes quedaron en la desocupación entre septiembre y diciembre pasados. Lo que prevalece es la componenda política sin que importen los resultados, la formación académica o la evaluación profesional de quienes han sido premiados con nuevos encargos en la estructura gubernamental.
De esa forma, no debiera extrañar que muchas veces prolifere la improvisación, el fracaso o las ocurrencias. En el gabinete eruvielista, como ha ocurrido desde hace poco más de cuatro años, prolifera el pago de favores políticos y de inclusión a los distintos grupos de poder, sin que ello impliquen los mejores hombres o los resultados más favorables. El gobierno que se convierte en una feria de empleo para quienes representan la élite del poder.
