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El mayor fracaso institucional del gobierno de Eruviel Ávila hasta ahora es la seguridad, como un problema que aqueja lo mismo a municipios rurales que urbanos, sin distingo de zonas geográficas, el territorio estatal está asolado por la presencia de grupos criminales que han pintado de rojo los casi cuatro años de mandato eruvielista.

Para colmo de males, lo que pareció ser la principal transformación institucional y la apuesta electoral y política de Eruviel Ávila, no completó ni tres años de ejecución. Apenas en octubre de 2011, el mandatario estatal cumplió con su compromiso de campaña de crear la Secretaría de Seguridad. Dos años más tarde, se reculó de su promesa proselitista y borró la Secretaría para crear una Comisión Estatal de Seguridad, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

En casi cuatro años, Ávila ya ha nombrado a cuatro distintos titulares de la Seguridad Pública en la entidad, con los mismos resultados y una alarmante presencia de la delincuencia organizada que se refleja en ejecuciones que se apilan por cientos en los expedientes ministeriales, con cifras crecientes, y una rampante impunidad. Los ajustes de cuentas como principal contexto de la violencia en el estado.

Salvador Neme, Rocío Alonso y Damián Canales, parecen en el tiempo sólo parte del anecdotario de secretarios que acumula Eruviel como titulares de la Policía Estatal. El reto del nuevo comisionado Eduardo Valiente, necesita pasar de las buenas intenciones y los discursos alentadores a la toma de decisiones con resultados palpables.

Durante tres lustros, se han modificado en al menos cuatro denominaciones la institución encargada de la Seguridad Pública y tenido una decena de titulares, pero los mandos medios de la institución permanecen inamovibles a pesar de que en más de una ocasión se ha puesto en duda su probidad en dichos cargos. Hasta ahora parecen pesar más los compromisos políticos que las decisiones rígidas, y apostar por cambios de fondo que puedan generar diferentes procedimientos en busca de distintos resultados.

Si bien es cierto, la criminalidad es un problema que aqueja profundamente a todo el país de forma agudizada en los últimos diez años, parecen insuficientes los argumentos dados por las autoridades estatales para justificar la presencia del crimen organizado en la entidad. Ni puede soslayarse a partir de ser el estado más poblado del país ni tampoco puede entenderse que las ejecuciones son asuntos aislados cuando éstas se presentan cotidianamente, sin distingo geográfico, y con una apología del delito singular.

La agudeza del crimen en la entidad puede sopesarse a partir de la presencia de enviados del gobierno federal para atender un problema, del cual el gobierno del estado ha sido incapaz de enfrentar. A Peña Nieto le preocupa y le ocupa perder el estado, tanto en lo político como en lo social, por tanto busca por todos los medios y decisiones posibles evitar “michoacanizar” al Estado de México.

En Michoacán bastó un año para nombrar un comisionado y después retirarlo como premio de consolación a la Comisión Nacional del Deporte; en el Estado de México los parámetros son distintos, pues la salida de Damián Canales se entiende por diferendos con la clase política del estado, pero la respuesta de la federación ha sido mediante un nuevo enviado ajeno a la entidad para tratar de enmendar los flagelos criminales.

Origen es destino, y para la clase gobernante del país resulta prioritario recuperar la tranquilidad y paz social del Estado de México, en donde proliferan grupos criminales, asumidos como células de los grandes cárteles de la droga, que lo mismo se dedican a la cosecha que a su trasiego y a su venta. Y como origen es destino, para Peña Nieto se vuelve una obligatoriedad que su tierra natal no tenga un foco de atención tan pernicioso como la presencia criminal, pero las respuestas dadas hasta hoy parecen insuficientes.

Eruviel ha sido rebasado lo mismo por el crimen que por el gobierno federal en la busca de soluciones.

Pero hasta ahora la percepción de inseguridad se acompaña de un agente de impunidad que parece ganar en esta batalla, aunque las autoridades no lo reconozcan.

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