Toluca, Edomex. 6 de julio de 2015.- La autopista México – Toluca es una de las más caras del país pero es a la vez una de las más inseguras. Apenas hace un año, en plena semana santa una granizada provocó el cierre total de la vialidad con dirección a Toluca, y se evidenció entonces la falta de un plan de emergencias que dejó varados a cientos de autos por más de diez horas. Ayer, el desgajamiento de un cerro provocó un caos vial para quienes se dirigían de Toluca a la capital del país, el aprendizaje parece fue nulo y no hubo alternativas para evitar un largo estacionamiento por más de seis horas.
La ampliación de infraestructura, a partir de un segundo piso que va de La Marquesa a Lerma no parece ser solución a los problemas que aquejan a quienes transitan a diario por esa carretera. Parece privilegiarse los negocios a particulares, las licitaciones con conflictos de interés, las componendas políticas, por encima de la planeación urbana, las soluciones más sustentables y los modelos estructurales de mediano plazo. Los gobiernos siguen pensando en respuestas cortoplacistas sin atender las contingencias y las emergencias de las autopistas ya existentes. La omisión también es evidente.
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De los cambios al gabinete de Eruviel ya sólo falta por definir al secretario técnico del gabinete. En semanas pasadas, Rogelio García Maldonado fue removido de ese encargo a subsecretario de administración de la secretaría de educación. El mismo puesto que antes desempeñaron Isidro Muñoz e Indalecio Ríos. En las próximas semanas deberá formalizarse la designación de Erasto Martínez como secretario de Infraestructura, que absorberá las carteras de Comunicaciones y Obra Pública. El llamado desde ahora supersecretario, retomará su papel del hombre fuerte en el eruvielato.
Los pronósticos en la toma de decisiones más próxima, también se advierte que el coordinador de los diputados locales recaerá en algún legislador del Valle de Toluca. Las apuestas las encabeza Raymundo Martínez, dada su cercanía a Eruviel. Mientras se insiste que una vez que César Camacho deje de ser presidente nacional del PRI, vendrá una renovación natura en algunas dirigencias estatales, donde la salida de Carlos Iriarte parece obligada. El huixquiluquense no tiene intenciones de irse, pero tendrá que renunciar obligadamente. Alguien del Valle de México ocupará su lugar, se anticipa.
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El caso Tlatlaya revivió a un año de acontecida la matanza. La exigencia de la sociedad civil en general ha reclamado ya una ampliación en las indagatorias para determinar la responsabilidad de la cadena de mando. La afrenta pegará necesariamente al gobierno de Enrique Peña, donde la mayor vulnerabilidad parece estar de lado de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. No sería extraño que en la oleada de cambios a su gabinete, venidera después de su informe, podría incluirse al mando militar por la presunta orden de “abatir” criminales, proveniente de los altos mandos de la fuerza castrense.
Eruviel Ávila no está exento de la vorágine de reacciones producto de la violación sistemática a los derechos humanos. Los castigos insuficientes anunciados por Ávila a cuatro ministeriales representan una maniobra por burlar las recomendaciones emitidas por la CNDH. Para el gobierno eruvielista la controversia parece comenzar, en tanto que las reacciones en cadena podrán costarle muy caro de no contener con mayor severidad y prontitud la violación sistemática de garantías individuales por agentes mexiquenses.
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