Toluca, Edomex. 26 de septiembre de 2016.- Hoy se cumplen dos años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Ese lamentable suceso fue el principio del fin del gobierno peñista. La reacción tardía secundada por discursos plagados de insensibilidad al sufrimiento de las familias, marcaron una debacle en la credibilidad y aprobación del sexenio. A la fecha, es una crisis política inacabada por carecer de acciones concluyentes, que hayan otorgado explicaciones a la desaparición de los jóvenes, o bien, que se haya castigado a los responsables. El dolor permanece intacto como ayer.
Gran parte de la responsabilidad -o mejor dicho irresponsabilidad- del caso Ayotzinapa se atribuye a Luis Miranda, hoy secretario de Desarrollo Social. Luis fue informado por el entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero sobre el enfrentamiento de estudiantes con grupos criminales. Miranda minimizó el caso Ayotzinapa como su fuese Tenería de Tenancingo. Cuando el gobierno de Peña quiso reaccionar, la desaparición ya había ocurrido, los grupos criminales ya habían escalado el conflicto, y el agravio de las familias había profundizado.
El gobierno peñista no sólo actuó tarde sino reaccionó mal. Buscó deslizar el conflicto a los gobiernos locales: Ángel Aguirre y José Luis Abarca. Ante la vorágine en contra, Enrique Peña pidió “superar” la desaparición de jóvenes como si fuese una pérdida material. Y en el colmo, en una muy accidentada y desafortunada conferencia de medios, Murillo Karam soltó el famoso: “ya me cansé”, que le costó la renuncia. La carencia de sensibilidad y las ansías por sepultar una crisis con discursos y no con acciones, tuvieron un altísimo costo político al capital del peñismo y su gobierno.
Hasta septiembre de 2014, el gobierno peñista dominó su agenda pública. Hasta donde pudo, posicionó en el debate nacional la aprobación de las reformas estructurales. Al caso Ayotzinapa, le siguió la Casa Blanca, que destapó un conflicto de interés e impregnó de corrupción la percepción social de su gobierno. La agenda pública jamás regresó al dominio del peñismo. Los medios y la oposición política y social se apropiaron del debate público. A Peña le faltan dos años de gobierno y no se ve capacidad de reacción, capacidad de respuesta.
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Eruviel Ávila lo volvió a hacer. A pesar de la posibilidad que le otorga la ley para promocionar su imagen previo y posterior a su informe de gobierno, existen limitantes geográficas que le impiden publicitarse más allá del Estado de México. Sin embargo, Ávila y su equipo de comunicación, contrataron espacios nacionales para proyectar el quinto informe de gobierno. Eruviel ha violado la ley. En años anteriores culpó a su equipo de comunicación para evitar sanciones personales. Lo cierto es que volvió a contratar espacios nacionales.
La autoridad electoral resulta omisa para castigar a la clase gobernante que viola las especificaciones de promoción. Eruviel se anuncia con un gran despliegue sin que nadie se lo impide ni lo sancione. Ávila conoce bien sus restricciones de difusión pero poco le ha importado rebasar sus límites territoriales o legales. Su intención va más allá de informar a los mexiquenses y transita por posicionar su imagen a nivel nacional en sus ansiadas aspiraciones presidenciales.
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