El secuestro y muerte ocurridos hace algunos días de María Villar en el Valle de Toluca pone de manifiesto la intranquilidad social que no ha sido superada respecto de la incidencia criminal vigente, y encuentra escasas respuestas que otorguen solución a un crimen, que además, ha conmocionado a la comunidad internacional y puesto en la mirada negativa mediática al Estado de México.
Otra vez la impericia institucional fue causante de un dilatorio control de daños, ante una inaceptable declaración del procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, quien justificó no contar con denuncia del plagio, aun cuando la Procuraduría General de la República ya buscaba a la víctima.
Hay evidencias de una descoordinación institucional que pone en situación vulnerable a una población carente de capacidades, herramientas y actores para hacer frente a organizaciones criminales que dan muestra de articular esfuerzos para rebasar las capacidades gubernamentales por recuperar la tranquilidad.
El Estado de México ha traído una mirada internacional en medio de la condena y los estereotipos que marcan al país y la entidad como sitios inseguros, omisos, negligentes y ausentes de su tarea básica por recuperar la paz social.
Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila han mostrado el rostro intranquilo de su territorio, que cobró lastimosamente la vida de un actor internacional, mientras sistemáticamente se buscan respuestas a un crimen que no puede considerarse aislado, en tanto que la ola de inseguridad manifiesta una presencia constante en la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, violación, robo con violencia, entre otros.
La zozobra que impregna en las calles y los espacios públicos del territorio mexiquense rebasa cualquier intento por acallar con spots, discursos o simulaciones la presencia delictiva. Las instituciones se advierten limitadas al momento de actuar en coordinación, las políticas públicas muestran el fracaso colectivo de su implementación, a la par de los millonarios recursos financieros que se gastan en potenciar la capacidad de reacción en materia de seguridad.
Hoy, la conmoción internacional por el secuestro y la muerte de María Villar es un síntoma del hartazgo social y de la desconfianza en su clase gobernante. La inseguridad pública, es además, consecuencia de un régimen político obsoleto, de carentes respuestas, de abundantes omisiones y negligencias, impregnado por la corrupción y la infiltración del crimen en las instituciones del estado.
La exigencia se vuelve recurrente. Ante el irreversible daño a la víctima y su familia, lo que exige la sociedad es un castigo a quienes cometieron el atroz delito que acabó con la vida de la española, al tiempo que se vuelve inexorable exigir cambios contundentes en la toma de decisiones respecto del combate al crimen, que permita recuperar la tranquilidad social del espacio público pero también la confianza ciudadana en el marco institucional de sus gobiernos.
La clase gobernante debe fijar sus políticas públicas para hacer frente a una realidad que constantemente contradice sus discursos y sus acciones de promoción personalizada. El Estado de México requiere de decisiones inmediatas antes de perder su capacidad de respuesta frente a un crimen organizado que ha demostrado de nueva cuenta a un gobierno desarticulado y carente de resultados, atemorizado, omiso e inoperante.
