Toluca, Edomex. 23 de agosto de 2016.- Hace casi once años, cuando Enrique Peña Nieto asumía la gubernatura mexiquense enfrentó uno de sus primeros desafíos en la exoneración de su antecesor, Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento ilícito ante una insultante e inexplicable riqueza patrimonial. Hoy, en la debacle de su aceptación pública, Peña Nieto parece sacrificar sus lealtades para investigar a los gobernadores priístas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, en busca de una bocanada de oxígeno a sus niveles de popularidad, bajo la idea de que se castiga la corrupción de su partido.
En 2005, Peña Nieto, heredero del poder político de Montiel, se apresuró a librar de culpas al entonces aspirante presidencial, quien sufrió una defenestración personal y un distanciamiento público con el peñismo. Hoy, Montiel está más vigente que nunca. Libre de responsabilidades, la escena pública parece su hábitat natural. Enrique es una hechura montielista, cuyo arropo y red electoral le permitió llegar a Los Pinos. Ambos, han sufrido el repudio social debido a sus ambiciones patrimoniales.
La lógica priísta obedece más a un cálculo político que a una convicción institucional. El peñismo observa una oportunidad de resurgimiento para castigar a quienes perdieron la elección, pero en función de sus presuntas conductas irregulares. A punto de abandonar sus cargos, los Duarte y Borge son acusados de enriquecimiento ilícito, cuando hasta antes de la elección de 2012, para el propio Peña, los mandatarios eran ejemplo de la renovación generacional priísta. Algo cambió, o quizá nada, porque era el mismo PRI corruptor, que trafica con influencias y gobierna en medio del conflicto de interés.
A pesar de que en el Estado de México, sobran los alcaldes salientes que se enriquecieron en tres años, y se volvieron millonarios en el trienio pasado, allí no habrá castigos por la víspera electoral. Pesan más las componendas partidistas y los tiempos políticos. En la justicia eruvielista, impera una venganza personal, como es el caso del exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara hoy encarcelado por consigna, y por sus conductas ilegales.
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La misma gata sólo revolcada. Una burla resulta el Convenio de Bienestar Animal impulsado por el gobernador Eruviel Ávila, con 22 ayuntamientos y asociaciones protectores de animales. El anuncio del mandatario mexiquense supone un trato digno para animales en situación de calle, con la adecuación de antirrábicos en centros de bienestar animal. El acuerdo contempla buscar la adopción y tenencia responsable de perros y gatos. Lo cierto es que en caso de que no haya lugar para la adopción, los animales serán sometidos a labores de sacrificio por parte de la Secretaría de Salud que encabeza César Gómez Monge.
Mientras en las cárceles mexiquenses prevalecen condiciones de hacinamiento y de violación sistemática a los derechos humanos, el gobierno eruvielista prefirió ceder a las presiones ambientalistas para invertir 25 millones de pesos en el proteccionismo animal. Los 22 antirrábicos contarán con cámaras de videovigilancia para garantizar el cuidado de gatos y perros. La alimentación, el resguardo y la limpieza será tarea de los ayuntamientos. La Propaem seguirá clausurando antirrábicos por las labores de sacrificio que realiza la Secretaría de Salud.
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