Toluca, Edomex. 23 de mayo de 2019.- Emilio Lozoya Austin fue inhabilitado por un periodo de diez años por parte de la Secretaría de la Función Pública. El director general de Pemex, durante el mandato de Peña Nieto, incurrió en supuestas irregularidades en la adquisición de una empresa de fertilizantes. También se acusa que Lozoya habría omitido información personal en sus declaraciones patrimoniales, lo que también formaría parte de la sanción administrativa. La sanción toma relevancia cuando se determina la relación de Lozoya con la clase gobernante mexiquense.
La vinculación de Lozoya con Enrique Peña se dio a partir de septiembre de 2005, cuando ambos fueron presentados por Luis Videgaray. Entonces, Emilio se desempeñaba como consejero de administración de la constructora española OHL, cuya relación política derivó en una fructífera condición empresarial. Durante el peñismo, OHL pudo concluir el Circuito Exterior Mexiquense, iniciado durante el montielato. Además, le fueron concesionados los segundos pisos del Periférico Norte que son de cuota. Y por si fuera poco, también se le otorgó el 49 por ciento del Aeropuerto Internacional de Toluca.
Desde ahí, Lozoya saltó a la campaña presidencial peñista como coordinador de relaciones internacionales. Todo apuntaba a que se convertiría en canciller, cargo que le fue ganado por el neopanista, José Antonio Meade. Entonces, Lozoya llegó a Pemex, despacho que le ha causado la inhabilitación. La sanción, es apenas la punta de la madeja, frente a otras acusaciones que lo imputan con el caso Odebretch en México, por presuntamente recibir sobornos para financiar la campaña presidencial del peñismo.
Quizá el pacto de impunidad se mantenga entre la clase gobernante, sobre todo entre quienes conviven en los eventos sociales de las élites políticas y económicas. Lozoya ha recibido una sanción administrativa menor, ni siquiera ha alcanzado una multa económica. Eventualmente una sanción penal de mayores proporciones, sólo lo convierta en un chivo expiatorio. Lo cierto es que, el gobierno federal ha comenzado a encontrar una salida para justificar su batalla contra la corrupción, y el peñismo es el enemigo número uno.
A propósito de la agenda pública que rodea a la bancada de Morena en la Legislatura estatal, sería conveniente revisar las concesiones, las tarifas y las ganancias alcanzadas por OHL como resultado de la operación del Circuito Exterior Mexiquense y del Segundo Piso del Periférico. Ahí, se podría determinar si la rentabilidad de la infraestructura impulsada por Lozoya, cuando trabajaba para la empresa española. Un tema que ha sido denunciado por agentes externos como el abogado Pablo Díez.
En paralelo, la Auditoría Superior de la Federación ha iniciado una fiscalización especial a recursos transferidos desde la SCT, que encabezaba Gerardo Ruiz Esparza, como una supuesta indemnización para la autopista Chamapa – Lechería. Las partidas presupuestales por analizar, alcanzan un monto superior a los 3 mil millones de pesos. Y los recursos debieron ser ejercidos durante el sexenio del exgobernador, y hoy senador, Eruviel Ávila. La trama carretera como un negocio de grandes proporciones al amparo del poder.
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