Toluca, Edomex. 14 de noviembre de 2018.- Mucho se habla de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción pero son muy escasos los avances. Ya pasó un año desde la instalación del sistema, y más allá de acciones simbólicas que dan cuenta de su funcionamiento, a la fecha no se sabe qué se ha hecho para combatir la corrupción en las instituciones públicas. Todo suena a una indeseable simulación institucional por legitimar al régimen político vigente. Es, además, uno de los ejes rectores del gobernador Alfredo Del Mazo, y no puede ser una bandera electoral exclusiva de un partido político.
En los últimos meses, se ha ventilado una opacidad que raya en el desvío de recursos públicos por parte del gobierno de Eruviel Ávila, pero no ha pasado del impacto mediático hacia acciones administrativas o penales. De nada sirve exhibir las irregularidades o inconsistencias encontradas en el sector salud, si existe un pacto de impunidad para exonerar a los responsables de infringir un daño al erario. Mientras miles de pacientes sufren las consecuencias de una mala administración pública, el exsecretario de Salud y sus cómplices gozan de un año sabático en el que no han tenido necesidad de trabajar. Las reglas no escritas parecen no permitir el combate a la corrupción.
Lo mismo ocurre en otros ámbitos del poder público. Ahí están casos de presuntos desfalcos en acusaciones permanentes hacia expresidentes municipales que dejaron deudas insostenibles. Los asuntos quedan en meras denuncias mediáticas. Mientras no haya castigo a quienes desviaron recursos, incumplieron con pagos y heredaron pasivos impagables, y además, son premiados con cargos en el gobierno, el combate a la corrupción es una falacia. El problema no se reduce a las cuentas públicas del año pasado, y al papel que pretenden erigir desde la actual Legislatura Estatal como si hubiesen descubierto el hilo negro de la transparencia.
Un caso más se concentra en la UAEM. El prestigio de la Máxima Casa de Estudios del Estado padece una de sus peores crisis en función de la denominada Estafa Maestra, y la cual involucra a las dos últimas administraciones. El mayor obstáculo que enfrenta la corrupción se llama impunidad. La UAEM ha ocupado grandes espacios de la agenda pública en los últimos seis años, pero por la sospecha de acciones irregulares. Las inconsistencias brotan por todos lados.
La actual administración, tanto gubernamental como universitaria, tiene una oportunidad histórica para castigar las irregularidades de sus antecesores. Los legisladores locales han puesto la mirada en limpiar la casa, pero eso incluye sancionar a quienes la ensuciaron. En los municipios, prolifera un gasto discrecional, opaco y abultado de irregularidades. Entre tanta inconsistencia, el Sistema Anticorrupción tiene tantos peces gordos como peces chicos, para empezar a pescar a quienes han hecho del presupuesto público un botín político. Ahí podría estar la reconstrucción de quienes lo perdieron todo en la elección pasada, y recuperar un poco de credibilidad.
Si el Sistema Estatal Anticorrupción tiene absolutas limitaciones, es inimaginable las condiciones en que deben avanzar los sistemas municipales contra la corrupción. En la mayoría, sólo han cumplido con los protocolos administrativos, pero nada nuevo han realizado para castigar a quienes atentan contra las finanzas públicas, y alientan las malas prácticas financieras. Mucho aparato burocrático para que todo siga igual. Una burla para las instituciones públicas y para sus gobernados.
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