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Toluca, Edomex. 10 de julio de 2015.- Tarde que temprano el escándalo de OHL tendría que explotar en las manos y sobre el escritorio de Gerardo Ruiz Esparza. En su autoexoneración fallida, Apolinar Mena excuso que las licitaciones y contratos otorgados por el gobierno mexiquense a la española -hoy en medio del escándalo por sobreprecios a las obras de infraestructura- eran responsabilidad de sus antecesores, particularmente del gobierno de Enrique Peña Nieto. La madeja se ha ido desentrañando y han alcanzado inevitablemente a golpear a Ruiz Esparza, quien fue artífice para abrir la puerta financiera a los españoles y su consorcio constructor.

Pese a todo, el blindaje del que goza Ruiz Esparza parece suficiente para evitar un colapso en su margen de flotación. Altos directivos de OHL reconocen en grabaciones telefónicas que el funcionario federal les otorga información privilegiada de las licitaciones que actualmente concursa el gobierno de la República. Todo hace suponer que ese tráfico de influencias también fue ejecutado en tierras mexiquenses. La evidencia telefónica parece suficiente para ser un escándalo, pero eso sólo es posible en países con altos niveles de confianza y limitados márgenes de impunidad. Aquí es México, y todo se puede.

El dardo lanzado sobre OHL se inserta en el núcleo más cercano y afectivo de Peña Nieto. No es casual que uno de los pocos funcionarios de alto nivel que acompañaron a Enrique en sus años de gobernador haya sido Ruiz Esparza. La acumulación de escándalos para Ruiz Esparza parece irrefrenable, identificado como el hombre de los negocios con Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa y el Tren México – Querétaro, con el atlacomulquense Roberto Alcántara y los cobros de telepeaje, y como puntilla el caso OHL que pudiera derivar en más audios y abrir una sorpresiva caja de Pandora.

El verdadero conflicto de OHL está vinculado con su negativa por colocar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA). Con este mecanismo, las autoridades mexiquenses tendrían una medición confiable de la actividad sobre la vía, y calcular cuando la empresa a cargo de la construcción y operación de la obra ya recuperó su inversión y ganancia.

En 2011, Infraiber y el gobierno del Estado de México firmaron el contrato marco para que se instalara el SIVA en todas las autopistas de cuota de la entidad, pero hasta ahora la negativa de OHL lo ha hecho imposible en el Circuito Exterior Mexiquense.

No obstante, en diciembre de 2012 se aprobó un incremento de 50 centavos de peaje por cada vehículo, como parte del financiamiento para instalar dicho monitoreo. Se estima que la empresa española cobró entre enero de 2013 y septiembre de 2014 cerca de 98 millones de pesos que servirían para la colocación de tal sistema. Es un promedio de más de 13 mil pesos diarios sin que hasta la fecha hayan sido obligados a colocar el monitoreo, parte central del conflicto.

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