Redacción
Ciudad de México. 17 de noviembre.- A pesar de reconocer su responsabilidad por los casos de tortura y abuso sexual del que fueron víctimas al menos once mujeres durante los operativos policiacos de Atenco de mayo del 2016, el gobierno mexicano dejó en claro que no existe evidencia ni se han encontrado elementos para suponer que hubo una estrategia premeditada o instrucción expresa para hacerle daño a las mujeres con tratos degradantes como los sufrieron tras su detención el 3 y 4 de mayo de hace once años.
Este viernes , se celebró la segunda audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica, por el caso Atenco, donde las representantes de las víctimas indicaron que aún no se ha hecho justicia pues los responsables de las agresiones no han tenido castigo. Insistieron en que se debe investigar la cadena de mando para castigar a quien haya ordenado el operativo bajo las condiciones de abuso en las que se realizó.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para asuntos multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue el encargado de fijar la defensa del Estado Mexicano, quien aceptó que en el operativo hubo graves violaciones a derechos humanos, situación que ha sido investigada y los responsables sujetos a procesos penales. Además, reiteró que se han cumplido las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender y asistir a las víctimas, hasta donde ellas han permitido que se haga.
“Se han cumplido las recomendaciones que se nos hicieron como la eliminación de antecedentes penales a las víctimas, el pago de una indemnización adecuada, otorgamiento a becas, acceso al servicio de salud, esclarecimiento de los hechos, apoyo a la vivienda, pero algunas de estas medidas necesitan el consentimiento de las víctimas para aplicarse y en algunas no se ha avanzado pue son ha habido consentimiento de las mujeres afectadas” explicó.
En la audiencia participó el fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Sánchez Gómez, quien reconoció deficiencias en la primera etapa de las investigaciones por los abusos cometidos en el operativo policiaco en Atenco.
Relató que en la primera indagatoria se consignaron a 22 policías estatales por el delito de abuso de autoridad y uno más por actos libidinosos, “pero tras apelaciones y amparos, estos servidores terminaron en libertad”.
Más adelante se hizo una nueva investigación a raíz de la conformación del Grupo Especial Atenco, que realizó una nueva indagatoria y ahí se consignaron 29 efectivos de seguridad más pero por el delito de tortura y finalmente en una tercera etapa se logró la consignación de tres comandantes que se encargaron de coordinador el traslado de los detenidos de Atenco al penal de Santiaguito.
En la actualidad, recalcó, solo 18 policías siguen sujetos a proceso penal por el delito de tortura, entre ellos dos comandantes o mandos, pues el tercero falleció.
Además existen bajo proceso once servidores públicos más entre peritos, médicos legistas por el delito de encubrimiento y un ministerio público por tortura equiparada, tras negarse a investigar las denuncias que presentaron las mujeres por los abusos.
A la fecha, de los 52 servidores públicos a quienes se les consignó por estos hechos solo 29 siguen bajo proceso y 23 han sido absueltos.
