Redacción
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2018.- El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió una suspensión definitiva a comuneros de Cuajimalpa, cuya resolución judicial podría implicar modificar sustancialmente el proyecto del Tren Interurbano México – Toluca.
De acuerdo al diario Reforma, el tribunal federal confirmó la suspensión concedida en febrero pasado por un juez de distrito, a favor de la familia Negrete Gómez, la cual reclama la desposesión de un predio de mil 111 metros cuadrados de la comunidad San Lorenzo Acopilco para las obras del tren.
El predio en disputa colinda al este con la carretera libre México-Toluca, en un punto en que corre paralelo con la autopista de cuota.
Conforme a la actuación del órgano jurisdiccional, la suspensión definitiva es inapelable y estará vigente durante todo el tiempo que tome el trámite del juicio de amparo, que podría ser más de un año, pues aún no se dicta sentencia de fondo para aclarar si el terreno de los Negrete realmente interfiere con las obras.
En su oportunidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia ejecutora del Tren México – Toluca, alegó que la suspensión del juez de distrito no había considerado el interés de la sociedad en que se termine el tren, proyecto de más de 50 mil millones de pesos que supera 80 por ciento de avance. Sin embargo, el tribunal colegiado rechazó que se afecte el interés colectivo.
Los magistrados consideraron que aun cuando la construcción de una vía ferroviaria pudiera generar un beneficio a la colectividad, ello es insuficiente para considerar la afectación al interés social si llegare a impedirse la ejecución de esa obra y para negar la suspensión en el amparo, cuando el quejoso reclama la privación de su propiedad sin que se hubiera seguido un procedimiento de expropiación.
En su defensa, la SCT agregó que la superficie de terreno que defiende la quejosa se encuentra dentro del derecho de vía de la carretera México-Toluca y fue expropiada a la comunidad de San Lorenzo Acopilco mediante dos decretos publicados en el Diario Oficial el 3 de diciembre de 1993, correspondiente a casi 56 hectáreas de agostadero de uso común para el tramo La Marquesa-La Venta de la autopista.
No obstante, el tribunal colegiado reforzó el otorgamiento de la suspensión, en tanto que las autoridades responsables no aducen la apremiante e inaplazable necesidad de proceder a la ocupación de un decreto expropiatorio cuya causa de utilidad sea la construcción del tren.
Con base en el diario Reforma, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), responsable del Tren Interurbano, expuso que los Negrete no cuentan con título de propiedad válido, pues sólo presentaron una «constancia de posesión» expedida por el presidente del comisariado ejidal.
Hasta el momento, la familia Negrete ha promovido diez demandas de amparo ante igual número de juzgados, luego de que personal de la SCT les informó el pasado 12 de enero que el terreno iba a ser ocupado para «obras de la ampliación de la carretera México-Toluca».
La mayoría de los jueces negaron las suspensiones, aunque las demandas fueron admitidas y los juicios están en etapa de presentación de pruebas para aclarar, por ejemplo, la ubicación exacta del predio en disputa.
