Israel Dávila
Naucalpan, Edomex. 6 de agosto del 2018.- El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), el panista Enrique Vargas del Villar urgió al virtual presidente electo de la república, Andrés Manuel López Obrador a reunirse con las diferentes organizaciones de ediles del país para definir cómo bajarán los recursos federales a los ayuntamientos y qué política de seguridad implementará para reducir los índices de violencia en el territorio nacional.
El también presidente municipal de Huixquilucan externó su preocupación sobre la figura de los coordinadores estatales que pretende implementar el gobierno de López Obrador, en sustitución de los delegados estatales, que en muchos casos son quienes ayudan a liberar los recursos a los municipios.
Vargas del Villar, consideró urgente la reunión con López Obrador, no solo con la ANAC, sino con el resto de organizaciones de alcaldes del PRI y del PRD, pues son los presidentes municipales las autoridades más cercanas a la gente y quienes recienten más las determinaciones que se toman a nivel federal.
Para el panista es un error la desaparición de las delegaciones federales para que una sola persona concentre toda la representación del gobierno federal en los estados, cuando el abanico de carteras, temas, necesidades y trámites son muy variados.
Vargas reveló que hace un par de semanas envió una misiva a la oficina del virtual presidente electo donde le solicitaba una reunión con los alcaldes panistas agremiados con la ANAC para escuchar cuales eran sus propuestas de políticas públicas hacia los municipios y también para que López Obrador conociera los puntos de vista de los alcaldes.
Uno de los temas que mayor preocupación tienen los ediles panistas es el tema de la seguridad y desean conocer a ciencia cierta las políticas que plantea López Obrador al respecto. Los ediles panistas, en su mayoría, están en contra del modelo de mando único que se impuso en los últimos dos sexenios, y prefieren un esquema mixto donde los municipios con mayor infraestructura y presupuesto puedan determinar a sus responsables de seguridad pública y no se los impongan desde los estados o el centro del país.
