Redacción
Ciudad de México, 8 de julio de 2021.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conoció este jueves las demandas de familiares de decenas de personas que en las últimas semanas han solicitado en el Estado de México acogerse a la Ley de Amnistía, y que bajo posibles irregularidades les ha sido negada su libertad por parte del Poder Judicial mexiquense.
En un comunicado de medios, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” insistió en que, decenas de internos en cárceles mexiquenses se encuentran en prisión de manera injusta, por lo que entregaron los expedientes a la oficina del ministro-presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a través de su secretario particular, para detallar las irregularidades que se han detectado en el Poder Judicial mexiquense, que impiden liberar a víctimas de procesos jurídicos irregulares.
El abogado José Antonio Lara Duque, integrante del colectivo, resaltó que la SCJN analizará y acompañará el proceso de amnistía de las víctimas mexiquenses, derivado de que a pesar de la Ley de Amnistía, las autoridades judiciales de la entidad han puesto trabas en el proceso de liberación de quienes argumentan, están presos de forma injusta.
“Es notorio que el ministro-presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, conozca las demandas de manera directa de los familiares de las víctimas, quienes explicaron detalles de la actitud de una buena parte de los integrantes del Poder Judicial mexiquense”, afirmó.
Lamentó que durante la jornada de protesta de este jueves, no pudieran enterar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la presencia de familiares que buscan la debida aplicación de la amnistía, “ya que la solicitud de anuencia se realizó con anticipación».
Detalló que en esta jornada participaron colectivos del Estado de México, Jalisco, Colima, Baja California, Guerrero, Oaxaca y de Chiapas, “todos piden la debida aplicación de la Ley de Amnistía, mecanismos que el presidente López Obrador prometió durante su campaña hacia la Presidencia de la República.
Recordó, en el caso de Chiapas, que casi una centena de estudiantes normalistas fueron agredidos, encarcelados y procesados, por manifestaciones públicas pacificas y que ahora continúan con procesos penales pendientes.
En el caso de Guerrero, resaltó el caso de la activista y defensoras de los derechos humanos, Kenia Inés Hernández Montalván, quien continúa en prisión con diversos cargos derivados de la protesta social realizados en su natal Guerrero y en el Estado de México.
