Redacción
Distrito Federal. 29 de junio de 2015.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió a ampliar las investigaciones del caso Tlatlaya hacia el posible involucramiento de más autoridades civiles y militares, en las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas castrenses en agravio de 22 presuntos criminales, de los cuales once habrían sido fusilados, quienes previamente se rindieron ante la operación en su contra.
A un año de la matanza en Tlatlaya, Cécile Pouilly, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que se requiere una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial, como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad.
“Investigar dichos casos y llevar a las personas responsables a la justicia es la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente”, agregó.
En el caso Tlatlaya, que en principio pretendió hacerse pasar como un enfrentamiento de las fuerzas federales con grupos criminales, Pouilly recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considera que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales.
“Un año después de la muerte de 22 personas durante una operación de las fuerzas militares, supuestamente contra una banda criminal, en Tlatlaya, Estado de México, continuamos haciendo un llamado por la justicia y la reparación de las víctimas”, subrayó.
Aun cuando un oficial y seis soldados enfrentan un juicio por su presunta responsabilidad en el caso Tlatlaya, la funcionaria de las Naciones Unidas insistió en la necesidad de ampliar las indagatorias a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014.
Pouilly aseguró que se vuelve necesario el resarcimiento de daños a las víctimas, como se ha denunciado por parte las mujeres sobrevivientes que fueron detenidas por agentes de la Procuraduría General de Justicia de la entidad. Demandó avances en las investigaciones y en la reparación del daño a las víctimas.
“A pesar de que un oficial y seis soldados están esperando juicio, hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que amplíen sus investigaciones e incluyan a las autoridades civiles y militares que podrían tener responsabilidad en las alegadas ejecuciones extrajudiciales y violaciones de derechos humanos cometidas el 30 de junio de 2014”, expresó desde Ginebra.
La funcionaria de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos subrayó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales, e indicó que las tres mujeres que presenciaron los hechos también han alegado haber sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y torturas.
“Como en cualquier caso que involucre presuntas violaciones de los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad aplicables al uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad, es requerida una investigación rápida, completa, efectiva, independiente e imparcial. Investigar dichos casos y llevar a las personas responsables a la justicia es la mejor forma de garantizar que dichas violaciones no sucedan nuevamente”, aseveró.
