Redacción
Distrito Federal. 26 de mayo de 2015.- Unas horas después de haberse filtrado nuevas llamadas telefónicas entre directivos de la empresa española OHL, donde se exhibe el presunto pago de sobornos a jueces mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que solicitará este miércoles a la Secretaría de la Función Pública auditar todos los contratos vigentes con dicha constructora para corroborar la legalidad y transparencia de las licitaciones.
A través de un comunicado, la dependencia federal encabezada por Gerardo Ruiz Esparza informó que se busca verificar que los procesos licitatorios en los que ha sido beneficiada la empresa OHL se dieron con apego a la legalidad, en medio de la sospecha de actos de corrupción en los que habría incurrido la empresa española.
El pasado 7 de mayo, se dieron a conocer audios de llamadas telefónicas, en los que directivos de OHL reconocían haber determinado sobreprecios en la construcción del Viaducto Elevado Bicentenario, además de haber alterado datos técnicos para incrementar precios de peaje, cuya obra fue licitada cuando el propio Ruiz Esparza era secretario de Comunicaciones en el Estado de México.
Ayer se dieron a conocer nuevos audios, que revelan que los directivos de OHL reconocen haber acordado pagos como parte de sobornar a algunos jueces mexicanos, sin que se especifique los motivos para realizarlo, pero en los que se reconoce explícitamente realizarlo con cierta frecuencia.
“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informa que solicitará mañana a la Secretaría de la Función Pública realizar auditorías sobre los contratos vigentes que tiene con la empresa Obrascón Huarte Lain México (OHL), a efecto de que se corrobore que los procedimientos licitatorios que dieron origen a las contrataciones se llevaron a cabo con apego a la legalidad y bajo principios de transparencia”, subrayó la dependencia federal en el comunicado.
En los últimos dos años, OHL México y otras empresas de este grupo han ganado más de 50 mil millones de pesos en contratos con instituciones del Gobierno federal y Gobiernos estatales, tanto por su cuenta, como en consorcio con otras compañías.
Entre los mayores contratos, destacan un tramo del Tren México-Toluca, otro de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, así como las concesiones carreteras de la autopista Atizapán-Atlacomulco y el Segundo Piso de Puebla, además de una planta de hidrógeno para Pemex.
