Redacción
Ciudad de México. 21 de mayo de 2019.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito otorgó un amparo a favor del joven Marco Antonio Sánchez Flores, por considerar que agentes policíacos tanto de la Ciudad de México como del Estado de México incurrieron en una desaparición forzada en agravio del joven estudiante, quien fue detenido el pasado 23 de enero y reapareció cinco días después en el municipio de Melchor Ocampo.
En un comunicado de medios, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) informó que la autoridad judicial en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el 9 de mayo anterior, determinó que el adolescente sí fue víctima de dicha violación grave a sus derechos humanos.
Los hechos a los que hace referencia, ocurrieron el 23 de enero del año pasado, cuando en los alrededores de la estación El Rosario del Metrobús —Atzcapotzalco—, el estudiante de preparatoria, entonces de 17 años, fue detenido arbitrariamente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, golpeado, torturado a bordo de una patrulla, desaparecido y, finalmente, abandonado.
Cinco días después, el joven capitalino fue localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Álamos en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México.
De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la Ciudad de México y del Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero.
El IJPP afirmó que el análisis legal del amparo debe considerar que la desaparición forzada tiene una naturaleza compleja como violación de derechos humanos, su carácter continuado o permanente y el contexto en el que ocurrió, para determinar sus efectos prolongados y enfocar integralmente sus consecuencias.
Dentro del comunicado de medios, añade que el amparo persigue, además, dictar las medidas necesarias, efectivas e idóneas para lograr la localización de la persona y que cesen las violaciones de derechos humanos en su contra y contra las víctimas indirectas, como los familiares, y asegurar su comparecencia.
Además, afirmó que la desaparición forzada es un delito y una violación de derechos humanos, un crimen contra la humanidad, al afectar la dignidad humana, la integridad personal, psíquica y moral, la libertad, el reconocimiento a la personalidad jurídica, el acceso a la jurisdicción, y el derecho a conocer la verdad y a la justicia.
