Redacción
Distrito Federal. 29 de julio de 2014.- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) advirtieron que el gobierno federal desconoce el procedimiento para una adecuada investigación para eventualmente declarar la alerta de género en el Estado de México por la violencia feminicida acentuada entre 2005 y 2013.
Ambas organizaciones solicitaron al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), claridad y certeza en la indagatoria que desarrollan sobre violencia feminicida, luego de que en 2012 activistas ganaron un amparo para que se declarara la Alerta de Violencia de Género (AVG).
Las organizaciones civiles insisten en que existe un amplio riesgo de que la investigación esté sesgada o sea poco objetiva, aunado a que las instituciones gubernamentales han suministrado escasa información sobre la metodología que se seguirá para la investigación.
Actualmente el “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” y cuyos resultados serán evaluados por un “Grupo Dictaminador” instaurado con el mismo acuerdo están conformados únicamente por dependencias federales.
La CMDPDH (organización que presentó la solicitud de Alerta de Violencia de Género) envió una misiva el pasado viernes para solicitar a las dependencias dar a conocer los nombres y perfiles de las personas que integran los grupos investigador y dictaminador, ya que hasta la fecha no conoce cómo será su conformación.
Esta falta de información, advirtieron, representa una violación a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, que obliga a notificar a los interesados sobre todos los actos en un plazo máximo de 10 días.
En la carta referida, se establece que se debe recabar información sobre los 526 casos de asesinatos de mujeres registrados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), de 2005 a 2010, periodo en el cual el gobernador de la entidad era Enrique Peña, actual presidente de México.
También aseguran que es indispensable contar con elementos sobre los 600 casos de mujeres asesinadas de 2011 a 2013 –ya con el mandato del actual mandatario Eruviel Ávila-, particularmente sobre la edad de las víctimas, su ocupación, relación con el victimario, lugar del hallazgo, causa de la muerte, y métodos empleados para cometer el asesinato, datos que hasta el momento se desconocen.
Entre otros aspectos, se considera fundamental indagar el estado que guardan los mil 258 casos de desapariciones de mujeres y niñas ocurridas entre 2011 y 2012.
Asimismo solicitan que la investigación de campo se realice a base de entrevistas y reuniones con víctimas de violencia y sus familiares. Se debe indagar –en compañía de un psicólogo y abogado experto y evitando la revictimización– cómo fue el proceder de servidores públicos durante las denuncias y las investigaciones.
