Redacción
Distrito Federal. 13 de noviembre de 2014.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aceptó entregar a legisladores federales “la cadena de mando” del 102 Batallón de Infantería implicado en la ejecución de civiles en San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, perpetrada el 30 de junio anterior, para determinar quién dio la orden de ejecutar a los civiles.
Luego de una sesión de trabajo que se prolongó por más de cuatro horas entre diputados federales y mandos militares, el Ejército Mexicano accedió a entregar la documentación y aclararon que ellos no defenderán a los militares ya consignados ante un juez civil y encarcelados desde el pasado viernes pues, según los asistentes al encuentro, el Ejército no respalda violaciones a los derechos humanos “ni indisciplinas”.
El personal de la Sedena presente fue el general brigadier de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez; el procurador general de Justicia Militar, Alejandro Ramos; el jefe de asesoría jurídica del Estado Mayor, y el general de brigada DEM José Luis Chiñas Silva.
Los legisladores confiaron en que a partir de analizar la bitácora, los diputados podrían establecer quién dio la orden de ejecutar a los civiles, quién recibió el mensaje sobre lo que estaba ocurriendo, dónde quedaron los reportes y, si estos no se dieron a conocer como acción irregular, entonces determinar quiénes participaron en el delito de “encubrimiento”.
Por su parte, los jefes militares detallaron que a los familiares de los elementos procesados se les están dando las facilidades para que los puedan ver y cuenten con atención médica, pero que más allá de ello no se les apoyará.
“Incluso, en el Ejército están preocupados por los casos en que se vincula a integrantes de la Sedena en presuntas violaciones a los derechos humanos. El general (Salvador) Cienfuegos nunca ha dado una orden contraria a lo legal y al respeto total a las garantías individuales”, dijeron los mandos militares.
En tanto, en el encuentro desarrollado en las instalaciones de la Sedena, asistieron la presidenta del grupo de trabajo, la perredista Elena Tapia Fonllem; la legisladora del PT, Loretta Ortiz Ahlf; Ricardo Fidel Pacho, del PRI, y el panista Alberto Díaz Trujillo.
Las legisladoras coincidieron en rechazar que los militares continúen en labores de seguridad pública, pues ello hace posible la violación constante a los derechos humanos.
“Es preocupante la creciente violación a derechos humanos por parte del Ejército”, subrayó Tapia Fonllem.
En la víspera, el grupo de trabajo tuvo un encuentro a puerta cerrada con la responsable de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), la exdiputada federal perredista Eliana García.
