Redacción
Distrito Federal. 13 de noviembre de 2014.- La exalcaldesa de Toluca y actual senadora de la República, María Elena Barrera Tapia impulsó una reforma legal que permite redefinir los lineamientos de la política nacional en vivienda, así como los contenidos del Programa Nacional de Vivienda, creándose una estructura de manera ordenada y funcional denominada “Sistema Nacional de Vivienda”.
La aprobación de la iniciativa, adiciona la fracción IX al artículo 30 de la Ley de Vivienda, que impulsa y obliga a que sindicatos y patrones establezcan programas reales de construcción de vivienda social para los trabajadores.
Barrera Tapia, también presidenta de la Comisión de Vivienda de esta cámara del Congreso, señaló que el modelo de la política habitacional en el país aún es excluyente.
Explicó que el modelo de vivienda en el país está estructurado en torno a lo que se puede llamar el enfoque de la “financiación”, donde se erige la lógica financiera que domina y condiciona los componentes del proceso de producción de vivienda.
“El texto legal vigente determinó que el Ejecutivo federal contará con un Consejo Nacional de Vivienda que tendría como objeto proponer medidas de planeación, formulación, instrumentación, ejecución, y seguimiento de la política nacional en este tema”, explicó.
Además, “una Comisión Intersecretarial de Vivienda encargada de garantizar la ejecución coordinada de los programas y el fomento de las acciones en esta materia”, mencionó.
La exsecretaria de salud mexiquense expresó que el Estado Mexicano implementó políticas habitacionales, creando organismos y mecanismos para dotar de una vivienda a los trabajadores, a través de una estrategia para contar con fondos que le permitan cumplir con lo previsto en la ley.
Detalló que en la estrategia concurren tres figuras: el trabajador, el patrón y el Estado, quienes participan económicamente de manera proporcional en la aportación, integración y conformación de los fondos.
La legisladora añadió que bajo ese esquema es necesario que los trabajadores participen en el diseño y la aplicación de las políticas públicas en materia de vivienda, para velar por sus intereses y sus derechos.
Subrayó que como la vivienda es una garantía constitucional, es preciso que los representantes del sector obrero concurran en la vigilancia y observancia del cumplimiento de este mandato establecido en la Carta Magna.
“Es de suma importancia la intervención de los representantes de los trabajadores en la toma de decisiones en materia de vivienda de nuestro país, ya que son ellos quienes generan los recursos para la ejecución de los programas de vivienda”, comentó.
Barrera Tapia aseveró que la normatividad en materia de vivienda debe aplicarse bajo los principios de equidad e inclusión social.
“Es atendible la propuesta legislativa de incorporar a los representantes de los sectores laborales y organizaciones sindicales al Consejo Nacional de Vivienda, pues con ello se atiende a los principios de pluralidad y equidad”, indicó.
Además, agregó, a la participación articulada de todos los actores productivos en el diseño y desarrollo de la Política Nacional de Vivienda.
