Redacción
Ciudad de México. 28 de marzo de 2016.- Una de las tres sobrevivientes del caso Tlatlaya, donde ocurrió la matanza de 22 presuntos criminales, exigió que el Gobierno mexicano responda y otorgue información sobre la cadena de mando responsable de dar la orden para asesinar a las personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón.
Se trata de Clara Gómez González, inicialmente identificada como Julia, entrevistada por la revista Esquire en septiembre de 2014, quien desmintió la versión oficial sobre un presunto enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y presuntos criminales. Clara es madre de Erika, la única mujer víctima de asesinato en la masacre de Tlatlaya ocurrida el 30 de junio de 2014.
Un día, su hija desapareció de su ciudad natal de Arcelia, Guerrero. Semanas después, Erika se reportó para informarle que se encontraba en las inmediaciones de Tlatlaya. Clara fue a tratar de rescatarla. La madrugada del 30 de junio de 2014, una unidad del Ejército llegó al almacén y comenzó a disparar a las personas que estaban al interior de la bodega, quienes se rindieron a exigencia de los soldados.
En una nueva entrevista, ahora otorgada al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, y publicada por la organización Open Democracy, Clara insistió en que el clima de violencia se deriva de un clima de desconfianza social, ante una sospecha permanente: “así como el gobierno recibe el apoyo de la delincuencia organizada, la delincuencia organizada obtiene el apoyo del gobierno”.
“Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el Gobierno está ocultando”, explicó Gómez González
De acuerdo al portal de noticias Sin Embargo, que retoma parte de dicha entrevista, su principal demanda se concentra en conocer la cadena de mando responsable de lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya; además de exigir acceso a los expedientes de los procedimientos judiciales militares afines, que se mantienen apartados del público e incluso de víctimas o partes interesadas.
Gómez González, sobreviviente de Tlatlaya, afirmó que no se ha investigado a quien se llevó a su hija Erika lejos de Arcelia.
Además, agregó que las primeras líneas de investigación apuntaban a que el grupo en el almacén Tlatlaya estaba relacionado con el cártel Familia Michoacana, no obstante, no se ha indagado la participación de este grupo en el tráfico de personas o en la retención de niñas en contra de su voluntad.
Incluso los funcionarios estatales insisten en que Clara y Erika eran parte del grupo criminal.
“Quiero que quede claro que ni mi hija ni yo somos traficantes de droga, como lo han dicho antes. Debido a que el gobierno no ha reconocido esto. Quiero que se haga justicia y yo quiero saber la verdad, toda la verdad. Y lo más importante para mí es que la cadena de mando sea investigada. Quiero saber por qué se dio la orden de matar, para acabar con esas 22 personas. Y quiero que me den acceso a los expedientes para averiguar lo que hay allí y ver lo que el gobierno está ocultando “, dijo Clara al CELS para el artículo que es publicado en Open Democracy.
Tras la revelación de haber sido testigo de la matanza de 22 presuntos criminales por parte del Ejército Mexicano, Clara Gómez recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que incluye una escolta de la policía y cámaras de seguridad instaladas en su casa. Su rutina de vida se ha modificado drásticamente, y dificultado sus labores cotidianas ante el clima de violencia que prevalece en su lugar de residencia, Arcelia, Guerrero.
“No puedo salir a trabajar [a otras comunidades] como lo hacía antes, yo trabajo cerca ahora debido a la falta de seguridad … y cuando salgo de compras, no me siento segura tampoco porque tengo que ir con la escolta, y no es como antes, cuando podía salir sola, y divertirme, no más. La vida ha dado un giro, ha cambiado para mí”, añadió.
Gómez González advirtió que ella no es la única que padece el impacto de la violencia, tras aseverar que la mayoría de las personas tienen demasiado miedo de hablar.
“Vemos lo que ha sucedido y no decimos nada, nos quedamos en silencio, porque tenemos miedo de que nos amenacen. Porque en mi ciudad, si tú hablas o dices algo, bueno, ellos simplemente van y te llevan, te hacen algo o te desaparecen, simplemente por decir la verdad. Y eso es lo que hace el gobierno también… en vez de traer la paz, ellos traen la desgracia a la ciudad”, comentó la sobreviviente del caso Tlatlaya.
Para Clara, el problema de violencia que aqueja a su comunidad, podría resolverse con medidas para luchar contra la pobreza, impulsar la educación y la creación de más puestos de trabajo, lo que facilitaría que los hombres jóvenes que son atraídos a trabajar para las redes del crimen organizado tengan alternativas dignas.
A pesar de haber sido víctima del crimen organizado, Clara Gómez confió en que el Estado debe formar a sus autoridades mejor, para que ellos traten a las personas con humanidad y respeten la Ley.
