Redacción
Toluca, Edomex. 4 de mayo del 2018.- Han pasado doce años de la represión policiaca en el poblado de San Salvador Atenco y las heridas que dejó ese episodio sangriento aún no cierran. Las muertes de dos jóvenes ocurridas en 3 y 4 de mayo del 2006 en ese municipio siguen impunes y las mujeres violadas y torturadas por elementos de seguridad pública siguen a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su fallo.
De poco sirvieron las sentencias o recomendaciones que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las Comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos, pues aún no se ha hecho justicia para castigar los abusos cometidos por la policía en su incursión al poblado de San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo del 2016.
Las autoridades del Estado de México han olvidado las muertes de Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés Santiago, dos jóvenes universitarios que perdieron la vida en los enfrentamientos con la policía. Sus expedientes han sido enviados al archivo sin que se tengan indicios de quienes fueron los responsables de sus muertes.
Alexis Benhumea recibió un impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado por efectivos de seguridad que le produjo un traumatismo craneoencefálico. El joven de 20 años falleció 34 días después de permanecer en coma.
En tanto, Javier Cortes Santiago murió producto de una bala de un arma calibre .38 como las que usaban los policías en el operativo el 3 de mayo del 2006. A pesar de que el entonces procurador Abel Villicaña afirmó que la muerte de este muchacho no fue accidental, pues se le disparó a menos de 70 centímetros de distancia, la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de Justicia del Estado de México nunca determinó quién fue el responsable de la su muerte.
En noviembre pasado, durante las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Atenco, el Fiscal General de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez reconoció que hasta esa fecha se habían hecho imputaciones en contra de 52 servidores públicos por los abusos policiacos del 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco, de los cuales 29 seguían bajo proceso y 23 fueron absueltos.
El Fiscal reconoció ante jueces de la CIDH que hubo deficiencias en la primera etapa de las investigaciones por los abusos cometidos en el operativo policiaco en Atenco Relató que en la primera indagatoria se consignaron a 22 policías estatales por el delito de abuso de autoridad y uno más por actos libidinosos, “pero tras apelaciones y amparos, estos servidores terminaron en libertad”.
Más adelante se hizo una nueva investigación a raíz de la conformación del Grupo Especial Atenco, que realizó una nueva indagatoria y ahí se consignaron 29 efectivos de seguridad más pero por el delito de tortura y finalmente en una tercera etapa se logró la consignación de tres comandantes que se encargaron de coordinador el traslado de los detenidos de Atenco al penal de Santiaguito.
Para esa fecha solo 18 policías seguían sujetos a proceso penal por el delito de tortura, entre ellos dos comandantes o mandos, pues el tercero falleció. Además existían bajo proceso once servidores públicos más entre peritos, médicos legistas por el delito de encubrimiento y un ministerio público por tortura equiparada, tras negarse a investigar las denuncias que presentaron las mujeres por los abusos.
