Redacción
Toluca, Edomex. 21 de julio de 2015.- El gobierno del Estado de México publicó este martes las reglas de operación del Fondo de ayuda, asistencia, y reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos, por lo que a partir de ahora, todo aquel que sufra de vejaciones de algún servidor público mexiquense podrá reclamar ayuda, asistencia e indemnización.
Con la publicación de las reglas de operación de este Fondo también se abrió la puerta para que las tres mujeres testigos de la matanza de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, en junio del año pasado, puedan exigir formalmente al gobierno mexiquense una suma económica por concepto de indemnización, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comprobó que fueron víctimas de tortura por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
De acuerdo con datos ofrecidos por el procurador del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez este Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas cuenta con un presupuesto aproximado de 40 millones de pesos, suficientes para atender, durante 2015 los reclamos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, entre ellas estas tres mujeres del caso Tlatlaya.
El manejo de este fondo quedará bajo la tutela de un comité directivo que administrará los recursos y valorará y responderá las solicitudes de ayuda, asistencia y las indemnizaciones que reclamen las víctimas.
De acuerdo con estas reglas, las víctimas deberán acudir al instituto de Atención de Víctimas del Estado de México, ubicado los limites de Metepec y Toluca para pedir orientación sobre ayuda o asistencia, además del reclamo de las indemnizaciones.
Para ser sujeto a la reparación del daño, las víctimas no podrán haber recibido ayuda económica de otra institución para el hecho que reclamen.
Para acceder a las indemnizaciones es necesario que exista una recomendación de la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos, donde se constate que servidores públicos mexiquenses incurrieron en violación a las garantías de los ofendidos. También serán sujetos a la indemnización quienes demuestren que existe una sentencia ejecutoriada que establezca violaciones de derechos humanos de servidores públicos del estado o bien sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El comité directivo deberá analizar y en su caso aprobar o rechazar las solicitudes por indemnizaciones que se reclamen ante el Instituto de Atención a Víctimas del Estado de México.
