Francisco Ledesma
Toluca, Edomex. 7 de febrero de 2019.- Las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales junto a la de Finanzas Públicas de la Legislatura del Estado de México aprobaron el decreto por el que se abroga el apoyo con el que cuentan seis de los siete exgobernadores del Estado de México, a quienes se les concede personal de hasta seis ayudantes -incluidos tres escoltas- como parte de una “recompensa” por sus servicios prestados a la entidad.
Sin discusiones y por unanimidad, los legisladores locales votaron a favor de que los exmandatarios abandonen “privilegios” otorgados durante el siglo pasado, cuando el régimen político respondía a la hegemonía de un solo partido y la predominancia de un sistema presidencialista favorecía al titular del Poder Ejecutivo, aun cuando abandonaban su encargo.
Entre los apoyos otorgados hasta el momento a los exgobernadores se cuentan tres escoltas de la Secretaría de Seguridad; así como un par de ayudantes con salarios que van de los 30 mil a los 40 mil pesos y una secretaria privada, con un sueldo superior a los 50 mil pesos.
El decreto aprobado en comisiones, y que se pretende someter al pleno de la Cámara de Diputados de la entidad la próxima semana, establece abrogar el decreto 87 emitido por la Legislatura del Estado el 18 de julio de 1945 que establecía a los gobernadores la posibilidad de recibir premios y recompensas una vez concluida su gestión.
En 1993, el entonces mandatario Ignacio Pichardo Pagaza, emitió un decreto donde se establecía un total de tres ayudantes y tres escoltas para auxiliar y proteger a los exgobernadores. Sin embargo, la diputada de Morena y autora de la iniciativa, Azucena Cisneros Coss aseveró en diciembre pasado contar con datos de que algunos exmandatarios tenían a su disposición hasta 32 personas con cargo al erario estatal.
Los exmandatarios que cuentan con apoyo de personal son Alfredo Baranda García, Ignacio Pichardo Pagaza –autor del decreto de privilegios-, Emilio Chuayffet Chemor, César Camacho Quiroz, Arturo Montiel Rojas y Eruviel Ávila. En su momento, Enrique Peña renunció a esa prerrogativa cuando se desempeñaba como presidente de la república.
En la iniciativa presentada por la bancada de Morena, se advierte que la asignación de personal administrativo a los exgobernadores podría representar una pensión económica encubierta, por lo que se debe cuestionar si esta disposición contribuye a la protección y seguridad de exgobernadores.
Con respecto a la asignación de custodia, se determina que en las actuales condiciones de incidencia delictiva, existe la necesidad de evitar tratamientos preferentes en materia de seguridad pública.
A pesar de su voto a favor, el diputado priísta, Miguel Sámano Peralta –exsecretario particular del exmandatario Arturo Montiel- pidió aclarar que no se trata de una pensión económica. “En ningún momento se establece que hayan recibido un apoyo económico”, dijo en defensa de los exmandatarios, incluido su exjefe y tutor político.
