Redacción
La Diputación Permanente de la LVIII Legislatura mexiquense convocó a los diputados locales al Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo 17 de enero, a fin de atender 14 asuntos, entre estos, el perfeccionamiento de la tipificación del delito de feminicidio, modificar el tipo penal del delito de abuso de autoridad, y acotar los requisitos para ser candidatos a la reducción parcial de la pena.
Además, la que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, del Código Penal y de Procedimientos Penales, para establecer como causal de rescisión de la relación laboral el hecho de que los servidores públicos docentes ocupen el tiempo laborable en actividades ajenas al servicio educativo.
También se integra una iniciativa de reforma al Código Administrativo, de Procedimientos Administrativos y del Código Penal, para regular la publicidad exterior que se instala en infraestructura vial primaria libre de peaje y uso restringido, así como de reforma a la Ley de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México, con el fin de desconcentrar dicha defensoría.
Los legisladores también atenderán las iniciativas que crean los organismos públicos descentralizados municipales para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales del municipio de Cuautitlán y Aculco y por la que se aprueba el convenio amistoso de reconocimiento de límites territoriales suscrito por los municipios de Atlacomulco y Morelos.
Con el objetivo de establecer una serie de criterios y vías de acción para prevenir, atender y sancionar la violencia en el entorno escolar, la diputada Leticia Zepeda Martínez dio lectura a la iniciativa que formuló la diputada Ana María Balderas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, para expedir la Ley de Atención al Menor Contra el Acoso Escolar.
De acuerdo con la legisladora, el objetivo de esta nueva ley es promover los mecanismos institucionales necesarios para reducir los índices de acoso y violencia escolar, específicamente el que surge del acoso escolar o el bullying entre los estudiantes de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas del estado. Se turnó a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
