Israel Dávila
En ninguna entidad de la república los partidos políticos reciben más dinero que en el Estado de México. Año con año, los montos de financiamiento público que se asignan a los institutos políticos crecen, pues la fórmula de asignación de recursos está ligada al padrón electoral, el cual se ha duplicado en los últimos tres lustros.
Los organismos electorales encargados de organizar, desarrollar, vigilar y calificar las elecciones muchas veces tienen menos recursos para realizar sus tareas, que los propios partidos con registro en el estado. Por ejemplo, para 2020, al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se le asignó un presupuesto de mil 257 millones de pesos, de los cuales 697 millones corresponden al financiamiento público de los partidos y solo 560 millones para la operación del IEEM.
Cuando a mediados de año, se pidió a todos los Poderes del Estado y organismos autónomos aplicar medidas de contención del gasto por el asunto de la pandemia, el IEEM tuvo que hacer recortes de más 15 millones de pesos en su presupuesto, pero la partida destinada al financiamiento público de los partidos no se tocó.
En una revisión a los acuerdos aprobados por el Consejo General del IEEM del 2011 a la fecha, se pudo constatar que los partidos han recibido en la última década más de 6 mil millones de pesos, y el destino de ese monto es totalmente incierto, pues la transparencia ha sido una asignatura pendiente para todos los institutos políticos.
Hasta hace unos años, los partidos recibían presupuesto público no solo financiar sus actividades ordinarias, sino también para promover la cultura política democrática y hasta para solventar los gastos de sus procesos internos.
No dudo que gran parte del dinero se haya destinado a organizar y movilizar estructuras, (ejércitos electorales) que ayudan a llevar votos a las urnas, pero también a solventar los excesos de los dirigentes partidistas y las burocracias enquistadas en todos los institutos políticos.
Las épocas de bonanza terminaron para muchos con los resultados del 2018. El PRI dejó de ser el partido hegemónico que mantuvo el poder por varias décadas, lo que lo obligó a prescindir de más de la mitad del personal que laboraba en el Comité Directivo Estatal; varias sedes municipales de este partido cerraron por no tener siquiera, para pagar la renta de los inmuebles. En el PAN, también hubo recortes de personal, y el PRD dejó a medias el edificio sede que se construyó en Toluca.
Para presionarlos más, este jueves Morena presentará, de nueva cuenta, una iniciativa para reformar el Código Electoral encaminada a modificar la fórmula de asignación del financiamiento público de los partidos con el fin de reducir los montos que reciben año con año los institutos políticos en la entidad.
Este año fueron casi 700 millones, el año pasado fueron 673 millones y en el 2018, año en que se celebraron elecciones locales, el monto del financiamiento fue superior a los 800 millones de pesos, lo mismo que en 2017, cuando fue la elección de gobernador, donde se les repartieron 824 millones de pesos.
La idea de Morena es reducir a la mitad –del 65 al 32.5 por ciento — el porcentaje de la Unidad de Medida, que se toma como base para multiplicarla por el número de personas inscritas en el listado nominal, de tal forma, de que en lugar de recibir 700 millones de pesos anuales, sólo se les asignen 350 millones de pesos.
Para algunos, la propuesta será una argucia más del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador para tomar ventaja de cara a las elecciones del 2021, pero para otros, representará la oportunidad de reducir o acabar con los privilegios que han tenido las altas burocracias partidistas y que han permitido a líderes hacerse millonarios o a familias enteras hacer de la creación de partidos políticos un modus vivendi, cada tres años.
Sea cual sea el fin que persigue Morena, ¿alguien en su sano juicio considera que no se deben reducir los montos de recursos públicos que reciben los partidos políticos?
