Francisco Ledesma / La reinvención del país
Cada año con la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación el país parece reinventarse, y ajustarse a las necesidades del gobierno en turno; y a los reclamos de quienes se asumen como oposición, en una discusión que parece estéril cuando en el partido en el poder tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto financiero que le plazca al titular del Poder Ejecutivo.
Es recurrente desde la oposición acusar a quien propone el presupuesto de tener un proyecto que afecta a lugares comunes del discurso político: la salud, la educación, el campo, el crecimiento económico, y en general, el bienestar social.
Para entender las relaciones de poder en la discusión presupuestal es necesario asumir que el régimen político del país se basa en la figura presidencial, quien tiene una absoluta ascendencia sobre los legisladores de su partido con la encomienda de defender el proyecto presupuestal del mandatario en turno.
El Poder Ejecutivo es quien define la política económica y el gasto público del país por seis años. Tan sólo en el siglo veinte, las prioridades transitaron del seguro popular, a la guerra contra el narco, o los comedores comunitarios.
En la coyuntura actual, López Obrador es el único presidente de los últimos cuatro sexenios con mayoría simple en la Cámara de Diputados en la segunda mitad de su mandato, suficiente para aprobar el presupuesto proyectado; de ahí las frustraciones opositoras que no son tomados en cuenta en sus reclamos.
Y el país se reinventa porque las prioridades del presidente López Obrador son muy distintas a las que antes sostuvieron Fox, Calderón y Peña. Los programas gubernamentales y las políticas públicas difícilmente tienen una continuidad, una evaluación y una sostenibilidad para alcanzar los resultados deseables.
Es altamente probable que, dentro de tres años, cuando ya haya nuevo presidente o presidenta -que entraría en funciones en octubre de 2024-, se tengan una nueva agenda gubernamental, aun cuando se tratara del mismo partido político, en tanto que no existe un proyecto de país de largo plazo.
Ahora bien, los diputados del partido en el poder -sea cual sea- juegan un rol: la defensa del presupuesto, ajustado a un proyecto de gobierno, y que encabeza el jefe político a quien le deben el cargo que ostentan como legisladores. Los de oposición tienen un juego distinto: reclamar, fustigar, arengar y en el mejor de los escenarios, incidir en la reestructuración presupuestal.
Desde ambas posiciones se advierte la insuficiencia financiera para atender todas las necesidades básicas y apremiantes del país, pero ninguna posición partidista se atreve a plantear una reforma fiscal de fondo que permita extender las capacidades de recaudación del gobierno, en tanto que el costo político de cobrar más impuestos siempre conlleva una repercusión negativa en las urnas.
Los gobernadores y los alcaldes -particularmente cuando son oposición- reclaman más participaciones, pero poco hacen por ampliar su padrón de contribuyentes, y fortalecer sus capacidades de recaudación propia.
En la semana que transcurre, aquel diputado que no difunda una fotografía o un video desde la oposición para reclamarle al presidente y a su partido por el presupuesto, da la sensación de que no cobrará la próxima quincena.
Lo que es concluyente es que, sin importar su agenda pública, ni el partido político al que pertenezca, los presidentes en turno no se arriesgan a una reforma fiscal de fondo, pero sí a una redistribución presupuestal que incomoda a la oposición, y que pretende reinventar el país cada seis años.
La tenebra
El problema no se concentra en los recursos limitados, sino en la discrecionalidad y opacidad en que se gasta en todos los niveles. Y la falta de castigo para quienes hacen mal uso del presupuesto.
