Juan Carlos Núñez Armas*
En una de las últimas actuaciones de la actual legislatura se dio cuenta del nombramiento de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Aracely García Morón y de cinco comisionadas/os del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Sería válido dudar de los resultados de las votaciones llevadas a cabo o los aceptamos como dogmas incuestionables?
Descartes necesitaba un punto de partida para encontrar un principio evidente. Poner en duda algunas ideas que se tienen como ciertas, debe ser un hábito del pensamiento y más para las instituciones públicas que hoy tenemos, a efecto de perfeccionarlas en democracia. Los organismos reguladores se crearon para atender problemas del interés público como salud, seguridad, medio ambiente o cohesión social. Sus objetivos son producir bienes intangibles que impacten la calidad de vida de ciudadanas/os en aspectos como el respeto la ley y el acceso a la información sobre las acciones de los gobiernos que, lo sabemos, implican gastos de recursos. Estoy convencido de que estas materias deben ser objeto de constante perfeccionamiento y cuestionamiento.
¿Cómo podemos entonces medir el desempeño de nuestros órganos reguladores? Al margen de los informes que presentan y la satisfacción que sus resultados producen, es necesario que las/os ciudadanas/os cuenten con elementos cotidianos que les señalen si estas instituciones están cumpliendo su cometido. Así, por ejemplo, tenemos el índice de Giraldi integrado por 21 indicadores, agrupados en 5 categorías, y mide desde el estatus del jefe de la agencia, la relación de la agencia con los gobiernos y sus diputados (que los avalaron), la autonomía financiera y organizacional, hasta sus competencias reguladoras, lo cual dejamos a los estudiosos del tema.
El caso que nos ocupa es sobre órganos que observan políticas públicas como derechos políticos (de acceso a la información y protección de derechos humanos), pero que, en la renovación de sus consejos, están sujetos a un proceso de designación que más bien depende de las relaciones públicas de los involucrados en el proceso. En nuestro estado sucede así, dado que las designaciones corresponden más al interés político-partidista que al interés propiamente profesional-ciudadano. En otras palabras, “designaciones de cuotas y de cuates”.
La lógica de estas dependencias, desde un punto de vista, es reducir las deficiencias que los gobiernos tienen y asumir competencias que, en manos gubernamentales, no necesariamente gozarían de la autonomía y capacidad técnica que requiere la toma de decisiones. Otro punto de vista es que con su creación el gobierno elude la responsabilidad de sus omisiones o de las decisiones impopulares, las autoridades se desligan de cumplir compromisos de políticas públicas y la delegan para tratar asuntos completos. Es decir, según esta segunda posición, si todo el mundo respetara los derechos humanos y los gobiernos fueran totalmente transparentes sería ocioso tener estas dependencias.
Sin duda, su papel fundamental debiera ser proteger a las/os ciudadanas/os frente al poder, que monopoliza las actuaciones administrativas, y vigilar que el marco legal se cumpla a cabalidad, por lo que se espera que las/os designadas/os tengan capacidad técnica, independencia política y legitimación democrática.
Muchas son las deficiencias de las entidades gubernamentales y las quejas de las/os ciudadanas/os aumentan en la medida que se informan más del deber ser de sus derechos, y, a veces, tienen la impresión de que sólo funcionan para unas/os cuantas/os. El papel de las/os electas/os recientemente debe ser y es, permítanme la expresión, en términos gringos, de Watchdogs (perros de guardia), para que de manera permanente privilegien el sentir ciudadano más que el lado gubernamental, de manera autónoma, al margen de las conveniencias políticas y administrativas, que cuando sea necesario, enfrenten al violador de derechos, al opaco, al que hace mal uso de los datos personales de la población.
Quisiera que estas reflexiones sean un exhorto y manifiesten claramente mi deseo de que las/os recién nombradas/os cumplan su misión con imparcialidad, de manera colegiada, desligándose del líder político o del color partidista que las/os postuló, incluso dejar la posibilidad de remoción en manos de las/os ciudadanas/os si no satisfacen las expectativas ciudadanas, para que el nombramiento no sea un cheque en blanco. No olviden que tienen en sus manos un alto compromiso para aportar certeza y orden al espacio público en un difícil tiempo de incertidumbre.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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