Redacción
Toluca, Edomex 5 de agosto de 2020.- Víctimas y familiares de personas injustamente presas, pidieron a la Legislatura mexiquense incluir como un supuesto para la Ley de Amnistía, los casos de delitos graves y de alto impacto, pues muchos de estos son utilizados para fabricar culpables por temas políticos.
Durante el segundo día de Parlamento Abierto para analizar las cuatro iniciativas de Ley de Amnistía que existen en el Congreso local, el profesor Oscar Hernández Neri, relató que estuvo preso más de cuatro años en en penal de Molino de las Flores, en Texcoco, acusado injustamente de un homicidio, imputación que aseguró, le fabricaron únicamente por oponerse a la Reforma Educativa que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Relató que uno de sus compañeros fue torturado por policías ministeriales para que lo acusara falsamente de homicidio, y fue necesaria la movilización social y más de 155 diligencias para demostrar su inocencia, pero aún enfrenta el estigma del reclusorio y perdió su antigüedad de 29 años como docente.
“Diputados, tienen la posibilidad de corregir la podredumbre del sistema de impartición de justicia terriblemente enfermo que ha causado el actual sistema penal de la entidad”, refirió.
Leidy Plácido, cuyo hermano está injustamente preso, dijo que en el activismo han encontrado un patrón recurrente en el sistema de justicia, con personas detenidas sin orden de aprehensión, incomunicadas por varias horas, y víctimas de tortura recurrente, jóvenes en situación vulnerable y que se dedicaban a oficios como albañiles, obreros, talacheros, mecánicos y taxistas.
“Diputados y diputadas tienen la oportunidad de hacer justicia y de regresar la libertad que nos han robado, no cierren sus ojos ni sus oídos. Aquí la justicia no existe pero tienen la oportunidad de ser justos y actuar apegados a derecho”, apuntó.
El diputado Max Correa, reiteró que es necesario reconciliar a la sociedad mexiquense con sus administraciones de justicia, pues se han cometido muchos errores por parte de los impartidores, y que han llevado a la fabricación de delitos, y pidió a la Fiscalía General del Estado conocer qué cantidad de internos se encuentran en alguno de los 14 supuestos que considera la Ley de Amnistía impulsada por Morena.
Gerardo Ulloa pidió que la Codhem se sume a la construcción de un mecanismo para lograr la reinserción social de los beneficiados con la Amnistía y se sume para perfeccionar una ley que vele por los derechos humanos.
Mariana Uribe pidió que la Fiscalía explique las medidas tomadas para evitar la discriminación de personas por su aspecto y garantizar una real impartición de justicia, “pues muchos casos solo por ver a una persona sucia o en condición de pobreza, se crea un falso culpable, que hoy cumple una condena que no merece porque no delinquieron”.
En reunión también participó Fernando Cárdenas, fiscal general jurídico de la Fiscalía mexiquense, en representación del Fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez. Ahí, el funcionario recordó que históricamente la Ley de Amnistía se ha utilizado para resolver temas políticos, se ha utilizado en conflictos sociales, para privilegiar la paz.
Apuntó que la Fiscalía tiene una política de priorización de casos de alto impacto, por lo que solo logra judicializar el 10 por ciento de las 270 mil denuncias que recibe al año por todos los delitos. En el resto de los casos, dijo, se busca una solución alterna a la judicialización.
Insistió en definir con puntualidad cómo se va a definir el procedimiento para acceder a la Amnistía y quién lo hará, si por medio de una comisión o un juez.
“Nuestra opinión es que debe ser el juez, es el ideal, pero hace falta definir particularidades, si se pueden ofrecer pruebas o no, si se admite, y deba definir en 10 días, si se va a substanciar algo o no, si habrá contradicción, o solo con la petición de quien solicite la figura”, apuntó.
Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México reconoció la apertura de la legislatura para discutir las iniciativas, y reiteró el compromiso de su organismo para construir una norma vanguardista a nivel local y nacional, y que considere los más altos estándares de derechos humanos.
“Esta ley no se debe criminalizar ni estigmatizar, tampoco coincidimos en que va a favorecer la impunidad, pues contiene un catálogo que garantiza los derechos humanos de víctimas y personas privadas de la libertad, por eso la importancia de reflexionar y discutir que esta iniciativa genere certidumbre en el aparato de procuración de justicia y cohesione el beneficio social».
Apuntó que la finalidad es que se logre la reinserción social, para lo que será necesario establecer alianzas y pactos sociales con los sectores laborales y económicos del estado. Y consideró necesario analizar la interrupción legal de embarazo, para incluirla en el catálogo, al figurar dentro del derecho de las mujeres a decidir.
Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero recordó que en muchos casos de presos políticos, como los campesinos de Atenco y muchos otros activistas, fueron acusados de secuestro, robo con violencia y homicidio, para deshacerse de quienes defienden la tierra y el agua, por lo que exigieron que se incluyan todos los delitos y en indicios de violaciones graves a derechos humanos.
“Les fabricaron delitos de alto impacto y gracias a la movilización y la protesta pública fueron absueltos”, enfatizó.
La activista aseguró que en la entidad se criminaliza a la juventud, la pobreza y la ignorancia, y en esta condición hay al menos 19 mil 500 personas, además de que el 65 por ciento de los reclusos fueron ingresados cuando tenían entre 18 y 29 años.
Ángeles Bravo, del Frente Nacional por la Familia, insistió en que se considere una propuesta integral para la reinserción social, y que no haya posibilidad para la impunidad y liberar a personas que cometieron delitos menores, pues el ciudadano quedaría en la indefensión.
