Redacción
Toluca, Edomex 5 de agosto de 2020.- Las personas que enfrentan encierro en los centros preventivos no dejan de ser personas para ser delincuentes, por tanto la Ley de Amnistía del Estado de México debe motivar el respeto a su dignidad y la no discriminación, y no será para solapar trasgresiones a la ley, sino para proteger a quien, por diversas razones, vieron debilitado su acceso a la justicia, expresó el ombudsman mexiquense Jorge Olvera García.
Al participar en el parlamento abierto que organizó el Congreso mexiquense para analizar las iniciativas de Ley de Amnistía, Olvera García puntualizó que se está frente a la oportunidad para reconocer los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), para fortalecer al sistema judicial y de procuración de justicia así como al sistema social y democrático, para tener una ley vanguardista, pertinente, progresiva y actual que atienda las necesidades de quienes no han encontrado eco a sus demandas.
Con el fin de que la ley sea una alternativa para que las PPL recuperen su vida, empleo, estudios, y sobre todo a su familia y su vida en la comunidad, además de ejercer y disfrutar sus derechos humanos, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) llamó a reflexionar a fondo sobre la no criminalización, las violaciones al debido proceso y la armonización de los mecanismos de reinserción efectiva y de corresponsabilidad social y postpenitenciario.
A fin de lograr la reinserción social de quienes obtengan el beneficio, planteó un modelo de gestión penitenciaria con mecanismos de apoyo al exterior, para lo cual es indispensable hacer y reforzar alianzas y pactos sociales con los sectores laborales y económicos del Estado, es decir, un modelo eficaz de gestión postpenitenciaria, y manifestó el compromiso de la Codhem para colaborar en su elaboración, al tiempo de llamar a la sociedad a ser solidaria y empática con quienes sean amnistiados.
Refirió la diferencia entre amnistía e indulto, ya que la primera significa olvido o extinción de la acción penal y sanciones impuestas a las personas en prisión por delitos menores que implica la desaparición de los antecedentes penales, por ello, la ley no debe criminalizar ni estigmatizar ni favorecerá la impunidad.
Deben tener prioridad de excarcelación personas con motivos perfectamente identificados como las recluidas con patologías previas, con perfiles de bajo riesgo que cometieron delitos menores, con fechas de liberación inminentes y que hayan sido detenidas por delitos no tipificados en el derecho internacional.
Recordó que desde 2018 la Codhem emitió informes especiales en materia penitenciaria donde advirtió la sobrepoblación y solicitó un diagnóstico para preliberar a las personas que cumplieran con los requisitos de ley; y en el Informe Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de Tlanixco se pidió que los operadores de justicia eviten cualquier manipulación del derecho penal en contra de las y los defensores, que por su origen étnico o social sean sometidos a un proceso legal sin tener elementos de culpabilidad.
Este año emitió la Recomendación General 1/2020 sobre la atención a la pandemia por COVID-29 con perspectiva de derechos humanos, con un eje de acción prioritaria para evitar contagios sobre todo de PPL e indicó que un asunto de primer orden es la despresurización de las instituciones carcelarias.
Advirtió que la suma de esfuerzos permitirá avanzar en la ley, sin olvidar el tema de la interrupción legal del embarazo, ya que uno de los delitos que se consigna son aquellos que operaron o se inmiscuyeron en el delito de aborto, por ello recalcó el apoyo a esta ley e insistió de manera enérgica en que sea una ley modelo que tenga el consenso de todos los sectores. Por último, reconoció el esfuerzo de los grupos parlamentarios, poderes públicos, organizaciones civiles y de derechos humanos para proponer y enriquecer la Ley de Amnistía
