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La censura de Calderón

Francisco Ledesma

La recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacia el gobierno calderonista confirma la  de asignar discrecionalidad ejercida en la asignación de propaganda oficial, exhibe el uso faccioso de recursos públicos a través de los cuales buscó influir en la agenda pública, en agravio de la libertad de expresión y ejercer una censura indirecta como lo plasman acuerdos internacionales a los que se encuentra suscrito nuestro país.

A través de una queja interpuesta por la revista Proceso, hace ya más de cuatro años, se denunció que irracional e injustificadamente, la administración de Felipe Calderón disminuyó la repartición de propaganda a dicha publicación, hasta que determinado día, los recursos económicos dejaron de fluir hacia el semanario más influyente del país por sus ventas, sus contenidos, sus audiencias, su historia y su pass along.

Por encima de los criterios elementales, la gestión calderonista prefirió dar mayor presupuesto propagandístico a revistas como Vértigo –de Televisión Azteca- y Milenio Semanal –ya fuera de circulación del Grupo Milenio-. Esa fue una acción sistemática de los gobiernos panistas, donde tanto Fox como Calderón, hicieron del presupuesto una herramienta de censura indirecta que terminó por descarrilar otras opciones mediáticas de libre expresión.

El calderonismo protegió y favoreció  a los medios que hablaron bien de él y su gobierno. En contraparte, castigó a quienes lo cuestionaron, suprimió o disminuyó el reparto de propaganda a quienes dieron amplitud de voces, y dieron cabida al conjunto de actores con posturas opuestas a su mandato.

Proceso, claro está, no fue la única oferta informativa sujeta al capricho discrecional del presupuesto público. La actuación fue sistemática, en agravio de la libertad de expresión, desnudando de cuerpo entero la postura calderonista frente a los derechos humanos y su ejercicio democrático.

Frente a la realidad evidenciada, se vuelve cada vez más urgente, la necesidad de regular la asignación de recursos públicos. Ante la ausencia de parámetros en el uso de propaganda, lo que prolifera es un favoritismo que tiene resultados inexactos, y que no evalúan tampoco su efectividad.

Cuando se habla de trasparencia y rendición de cuentas, es pertinente avanzar por la ruta de formular criterios que respondan a la comunicación política de cada instancia de gobierno, y hacer del uso de recursos públicos una tarea que genere equilibrios entre las distintas plataformas de comunicación, sus lugares de influencia y la retroalimentación que estos puedan generar.

En la regulación de la propaganda gubernamental son inadmisibles las ambigüedades y debe fijarse con claridad que no se puede hacer del reparto presupuestal una prebenda para premiar amistades o castigar a quien simplemente ejerce la libre expresión que le garantiza la Constitución.

La tenebra

En tanto haya una libre expresión sujeta a los castigos presupuestales de los gobiernos habrá un estrecho margen de maniobra para su ejercicio, y por tanto el avance democrático del país estará altamente cuestionado, sobre todo por aquellas voces que en ese curso sean silenciadas por fuerza o conveniencia.

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