Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex. 8 de octubre del 2015.- El ministerio público adscrito al juzgado de control de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez no terminó la investigación por el delito de peculado que inició en contra del alcalde con licencia de Naucalpan, David Sánchez Guevara, por lo que solicitó una prorroga de 15 días para poder terminar de reunir las pruebas con las que piensa incriminar al edil durante el juicio que se le instruya en las próximas semanas.
Este jueves, se realizaría la audiencia intermedia de la primera causa que se le sigue a Sánchez Guevara por peculado, donde se le acusa de haber autorizado el pago de 408 mil pesos a una empresa para construir un andador en el barrio de San Rafael Chimalpa, el cual nunca se realizó, pero ésta no se pudo realizar debido a la solicitud del ministerio público.
Ayer 7 de octubre terminó el periodo de dos meses que dio el juez para terminar la investigación por lo que en la audiencia de hoy sería para presentar todos los elementos de prueba que se habrán de desahogar en el juicio oral, pero el ministerio público pidió la prorroga de 15 días que permite la ley, para terminar de reunir todos los elementos que habrá de presentar en el proceso que se desarrolla bajo el nuevo sistema penal en la entidad.
El ministerio público informó al juez que todavía está a la espera de la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues se le consultó que indagara si existe registro de que en las cuentas bancarias de la empresa con la razón social Mimiaga Constructores, S. A. están los 408 mil pesos que erogó el municipio para este andador en San Rafael Chimalpa, o bien, verificara cuál fue el destino de los recursos.
También se reveló que el director de obras del ayuntamiento de Naucalpan, Armando de Alba Sales, quien habría llenado el expediente para que se le pagara a esta empresa, aun cuando no estaba la obra terminada, no ha querido declarar ante el ministerio público, por lo que ahora se ha librado una orden de presentación para que la policía ministerial lo presente a rendir su testimonio.
El ministerio público también tiene pendiente recabar la declaración de María Elena Gómez, quien fue la responsable de la auditoría que practicó el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad y quien descubrió las irregularidades, así como de Sandra Aurora Basáñez -hermana del diputado federal y exalcalde de Tlalnepantla, Pablo Basáñez-, funcionaria del ayuntamiento de Naucalpan, encargada de verificar las obras que desarrollaba el municipio.
El juez fijó el 26 de octubre para la realización de la audiencia intermedia de este proceso, y ahí se definirá cómo se realiza el juicio oral, o bien, la defensa se acoge al beneficio del juicio abreviado.
En cualquiera de los casos, Sánchez Guevara escuchará sentencia este mismo año.
Aún existen pendientes dos acusaciones más de la procuraduría estatal en contra del alcalde con licencia de Naucalpan. Una por peculado por la cantidad de 9.1 millones de pesos por la compra de uniformes al personal sindicalizado, que nunca se distribuyeron ni se entregaron al ayuntamiento –donde ya existe imputación formal del ministerio público, y otra por irregularidades en la aplicación de más de 5 millones de pesos del programa Banqueta Digna, donde no existen soportes documentales que avalen la aplicación de estos recursos. Este caso está pendiente a la espera de que se resuelva un amparo.
