Redacción
Toluca, Edomex. 17 de julio de 2016.- Un total de diez agentes ministeriales, ministerios públicos y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fueron destituidos e inhabilitados para ocupar un cargo público, ante presuntas violaciones a los derechos humanos durante su participación en las indagatorias ministeriales por la matanza de 22 personas perpetrada por el Ejército Mexicano en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio del 2014.
A través de la Inspección General de Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (Igispem), se realizó un procedimiento administrativo contra 52 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, que realizaron en el levantamiento de cadáveres y en las primeras indagatorias por la muerte de civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya.
A la fecha, el órgano estatal de inspección institucional a la seguridad pública estatal ya concluyó 30 indagatorias en contra de igual número de funcionarios.
En 10 casos, se decretó la destitución e inhabilitación de los servidores; mientras que en 19 expedientes se resolvió con una suspensión por un mes y en un caso más una suspensión por 15 días.
En tanto, otros 22 funcionarios se encuentran pendientes de conclusión, derivado que el proceso administrativo está suspendido hasta resolver de fondo los juicios de amparo promovidos por los servidores públicos señalados.
De las resoluciones emitidas, a dos servidores públicos se les destituyó e inhabilitó por un periodo de 5 años; dos casos más fueron destituidos e inhabilitados por tres años y seis casos más se determinó la destitución e inhabilitación por un año.
Los diez servidores públicos sancionados con la destitución e inhabilitación fueron encontrados responsables de violar el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Las resoluciones en contra de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) son consecuencia de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual comprobó que existió una grave violación a los derechos humanos de parte de personal del Ejército, de la PGR y de servidores públicos mexiquenses, pues los 22 civiles que murieron en esos hechos, al menos doce fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados, cuando ya se habían rendido.
La responsabilidad por parte del personal de la PGJEM se vincula al encubrimiento en el homicidio de los presuntos criminales al comprobarse que existió alteración de la escena del crimen con la finalidad de que no hubiera imputaciones contra los elementos castrenses.
Como resultado de la recomendación emitida por la CNDH, el gobierno mexiquense acusó penalmente a 7 policías y un ministerio público de tortura por el caso Tlatlaya, pero hasta la fecha el juicio no ha llegado a su fin, cuyo procedimiento también se encuentra detenido por la tramitación de juicios de amparo de los funcionarios involucrados.
En tanto, de los procedimientos administrativos sancionadores contra 52 servidores públicos, este fin de semana se resolvieron 30 expedientes y 22 quedaron pendientes.
