Redacción
México, Distrito Federal 11 de mayo del 2015.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Secretaría de Gobernación acordó indemnizar con cuatro millones de pesos a familiares de las 22 personas que fueron acribilladas por militares, en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, el pasado 30 de junio.
La CEAV determinó como procedente la indemnización toda vez que estos familiares sufrieron engaños de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de que sus parientes habían sido ultimados en un enfrentamiento con soldados, versión que fue desmentida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que originó una recomendación a la Sedena, el gobierno mexiquense y la Procuraduría General de la República, por pretender esconder estos abusos.
En su edición de este lunes, el diario La Jornada, da cuenta de que la CEAV acordó en abril pasado la indemnización a los parientes de los jóvenes que fueron asesinados por los militares el pasado 30 de junio, luego de un enfrentamiento.
Esa madrugada, al batallón militar de San Miguel Ixtapan, en Tejupilco, llegaron versiones de que personas armadas se encontraban en una bodega del paraje Ancón de los Curiales, en San Pedro Limón, Tlatlaya, muy cerca de la franja limítrofe con Arcelia, Guerrero.
Al llegar al lugar, un grupo de soldados abrió fuego contra los jóvenes que se encontraban dentro de la bodega y se desató un enfrentamiento a balazos. Producto de este choque murieron ocho jóvenes, y el resto se rindió ante la evidente superioridad de los militares.
A pesar de que ya estaban rendidos, los soldados decidieron ultimarlos a quemarropa, para luego vender la versión de que todos habían muerto en la balacera. El gobierno del estado de México también avaló esa versión.
Cuando las autoridades mexiquenses entregaron los cuerpos a los familiares de estos 22 muchachos, en su mayoría originarios de comunidades de Guerrero, se les informó que habrían fallecido en un enfrentamiento con el Ejército.
Fue hasta que la CNDH emitió la recomendación por los hechos de Tlatlaya, cuando se confirmaron versiones periodísticas de que todo se había tratado de homicidios dolosos cometidos por los soldados.
“La compensación se acordó a raíz del daño moral, gastos, costos judiciales, gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación de las víctimas de los homicidios de Tlatlaya a manos del Ejército Mexicano, pero sobre todo por el hecho de que a sus familiares no les hablaron con la verdad”, refiere La Jornada.
Los recursos para cubrir estas indemnizaciones provendrán del Fondo de Ayuda a Víctimas, cuyo fideicomiso posee un presupuesto cercano a los mil millones de pesos.
Por su parte, el gobierno del estado de Mèxico aun no informa si ya determinó la indemnización que ordenó hacer la CNDH a las tres mujeres detenidas en ese operativo de Tlatlaya, y quienes fueron víctimas de abusos por parte del personal de la Procuraduría General de Justicia de la entidad.
Desde hace cuatro meses, la Procuraduría hizo contacto con estas mujeres para pactar la indemnización, pero aún no se hace público si ya se pactó algún pago.
