Redacción
Toluca, Edomex, 6 de abril de 2021.- La bancada de Morena en la Legislatura del Estado de México presentó una iniciativa para sancionar con penas de 4 a 10 años de prisión a servidores públicos de procuración de justicia, que filtren información o imágenes de víctimas, principalmente de grupos vulnerables.
En su intervención en tribuna, la legisladora de Morena Beatriz García Villegas señaló la filtración de información o evidencia vinculada con alguna de las etapas del procedimiento penal es una práctica reiterativa cometida por las y los servidores públicos que integran el sistema de procuración de justicia, con la intención de obtener alguna ventaja o contraprestación económica.
“El hecho de exhibir el cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación, produce una victimización secundaria que agrava y expone un daño tanto a la víctima directa como a las indirectas”, sostuvo la morenista.
Estas acciones son violaciones al derecho y al principio del debido proceso de ambas partes, al derecho y al principio de presunción de inocencia del imputado, al derecho a la intimidad de cualquiera de las partes, y en el caso de adultas mayores, mujeres, o niñas, es una violencia institucional, abundó.
“Con la presentación de esta iniciativa buscamos inhibir y reducir en gran medida los actos de filtración por parte de las y los servidores públicos que han provocado en distintos casos “una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito”, precisó Beatriz García.
El proyecto establece sanciones a quienes en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.
La reforma al artículo 353 del Código Penal que refiere delitos cometidos por las y los servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.
