Israel Dávila
Toluca, Edomex 26 de diciembre del 2018.- A nombre del grupo parlamentario de Morena en el Congreso mexiquense, la diputada Azucena Cisneros Coss, presentó hoy al pleno una iniciativa para reformar diversos artículos a la Constitución local, encaminados a eliminar el fuero para los funcionarios del gobierno mexiquense, diputados, presidentes municipales y magistrados y permitir que puedan ser procesados como cualquier ciudadano cuando falten a sus responsabilidades del cargo.
La iniciativa plantea reformar y adicionar párrafos a los artículos 30, 42, 61, 131, 132 y 136 de la Constitución local, para dejar sin efecto el fuero del que gozan este grupo de funcionarios, sin embargo les mantienen la inmunidad para no poder ser detenidos cuando desempeñen el cargo y enfrentar en libertad las imputaciones que pesen en su contra.
A la fecha, 14 de las 32 entidades de la república mexicana ya han legislado sobre la eliminación del fuero en sus constituciones locales, entre ellos, Colima, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro y Yucatán.
A decir de la diputada de Morena, la figura del fuero en México se ha convertido en un mecanismo de evasión de responsabilidades ante la comisión de algún delito, e incluso de impunidad ante faltas administrativas.
“La presente iniciativa pretende la eliminación del fuero, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Por tanto, se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó. Una vez que exista sentencia condenatoria firme ejecutoriada, se comunicará ésta a la dependencia del funcionario, para el único efecto de que esta tome conocimiento y se proceda a la ejecución de la sentencia ordenada por la autoridad judicial”.
Este procedimiento y sus consecuencias se aplicarían al gobernador, diputados y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia por la comisión de delitos y a los presidentes municipales.
En la iniciativa se aclara que la inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente y el ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos.
También se advierte que no contarán con inmunidad los servidores públicos con licencia o que se encuentren separados de su cargo, ni podrán recuperarla al volver al puesto luego que el Ministerio público ejercite acción penal en su contra al juez correspondiente.
